Bolivia se “esfuerza” por asustar a la inversión privada

El clima de inversiones en Bolivia afecta al sector empresarial privado nacional y extranjero, se observa que se tiene problemas de seguridad jurídica; economía informal; regulaciones laborales y aumentos salariales inadecuados, así como fuerza laboral con poca educación; tasas impositivas inapropiadas, como lo señala el Banco Mundial.

“El clima de inversiones está ligado a las características del entorno económico, político, institucional y social de un país y puede desmotivar o incentivar el crecimiento empresarial”, señala Beatriz Muriel en un análisis del Banco Mundial.

Más del 60% de la economía nacional es informal. La presión tributaria en Bolivia alcanza a cerca del 34% respecto del PIB, convirtiéndose en la segunda más alta de América Latina y el Caribe. Éstos y otros factores, son los principales obstáculos para el desempeño productivo del empresario privado boliviano.

Esa realidad -presente en el país hace mucho tiempo-, muy sufrida por los empresarios privados de Bolivia, fue puesta en relieve por sendos estudios de organismos internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Fondo Monetario Internacional.

Si queremos garantizar el crecimiento del país, la problemática del sector empresarial privado boliviano debe ser atendida por las autoridades gubernamentales de turno, para que la iniciativa privada acompañe los esfuerzos estatales.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC), al igual que la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), lamentaban que la informalidad genera desincentivos y serios impactos negativos, tanto de mercado, como laborales, tributarios, ambientales y otros para la industria manufacturera privada nacional y para el desarrollo del país.

No olvidemos que la informalidad está muy vinculada al contrabando, actividad que, como lo dijo la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, representa alrededor de 2.213 millones de dólares por año y un impacto negativo sobre el PIB entre 1 a 1,5 puntos porcentuales.

Los problemas que afectan el clima de negocios en Bolivia fueron analizados por el Banco Mundial, que hizo una encuesta a 364 empresas distribuidas en los tres departamentos del eje del país, para investigar obstáculos como el acceso a las finanzas; acceso a la tierra; licencias comerciales y permisos; corrupción; tribunales; crimen, robo y disturbios; regulaciones aduaneras y comerciales; electricidad; fuerza laboral con educación inadecuada; regulaciones laborales; inestabilidad política; prácticas del sector informal; administración tributaria; tasas impositivas; y transporte.

Para el 23% de las empresas encuestadas el mayor obstáculo lo constituyen las “prácticas del sector informal”, con quienes deben competir en el mercado interno. Este sector informal se originó precisamente por los elevados costos de la formalidad, que promueven inequidades entre los que deben cumplir con todas las normas legales vigentes y aquellos que las evaden sin problema. La “administración tributaria” y las “tasas impositivas” son señaladas en el segundo y tercer lugar, respectivamente, con porcentajes de 13% y 12%.

En resumen, el estudio permitió ratificar que los factores considerados como los principales obstáculos para el desempeño productivo-empresarial formal son la competencia desleal asociada al sector informal, que se ve agravada por el peso institucional vía cargas tributarias, laborales y escenarios de corrupción.

Las actividades de la economía informal se hicieron visibles en los años 80 y fueron vistas como una forma de encarar la crisis que azotaba al país, como la hiperinflación. En esas circunstancias la informalidad fue vista como una estrategia para sobrevivir al desempleo, la recesión económica y la pobreza que asolaban el país.

Se esperaba, en ese entonces, que pasada la crisis, la autoridad del gobierno pusiese las cosas en su lugar, sancionando la ilegalidad, pero ésta fue creciendo. De 1990 al 2015 creció la economía informal, en muchos casos alentada por las políticas gubernamentales, como políticas salariales poco racionales, presión tributaria y la congelada política cambiaria.

Al desaliento a la inversión privada en el sector industrial manufacturero debemos añadir que Bolivia -según un trabajo del instituto de investigación canadiense Fraser, de 2017- está ubicada entre las 10 “peores jurisdicciones del mundo” para las inversiones en exploración minera, junto a países como Kenia, Mozambique, Guatemala, Venezuela y Nicaragua.

Como lo reconoció el analista Dionisio Garzón, “es una tragedia. La inversión que está llegando desde que salió la Ley de Minería y Metalurgia (N° 535 de 2014) es solamente para mantener las operaciones en curso de los tres proyectos grandes que tenemos”.

Es importante que en Bolivia se incorpore al sector privado en una dinámica adecuada para generar desarrollo en nuestro país.

El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).