El país en un nuevo brete arbitral

Estamos concurriendo a una más que millonaria erogación de recursos del Estado, recientemente con el caso Quiborax de 42.6 millones de dólares y el nuevo recurso arbitral internacional interpuesto por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, entidad matriz de la AFP Previsión, previéndose que la indemnización a pagar signifique otra sangría económica para Bolivia por cuanto se conoce el modo de discurrir de organismos como el Ciadi, dedicados a proteger las inversiones. A esta perspectiva se añade por lo menos unas 5 a 6 demandas de indemnización en trámite de otras tantas transnacionales, lo que hace esperar una enorme cuantía a ser pagada como resultado, a menos que una eficaz defensa lograra en algún caso inclinar la balanza a nuestro lado, defensa que en cuanto a Quiborax ha dejado un sabor amargo al país.

En la actual materia sobresale por una supuesta aplicabilidad el tratado bilateral de protección recíproca de inversiones –incluidas cláusulas ultractivas- perfeccionado entre Bolivia y España el 2002 y también los llamados mecanismos o procedimientos complementarios del Ciadi, pese a que el Gobierno se retiró de este Centro hacia el año 2007 y teniendo en cuenta que los convenios sobre la AFP Previsión son inclusive anteriores al tratado con España. Frente a un muy confuso entrevero de fechas y cláusulas, los defensores del Estado tienen una ardua tarea de esclarecimiento que puedan hacerla valer. El Procurador General ha sostenido que se recurrirá a contratar “los servicios especializados” más garantizados, afirmación corriente en situaciones como estas.

Destaca la falta de prudencia gubernamental en la conducción de su política nacionalizadora, al no tomar en cuenta los plazos vigentes con las empresas, entregándoles en “bandeja de plata” el argumento para demandar, lo cual muy claramente ocurre en el presente caso. No hay contratos a perpetuidad porque serían nulos de pleno derecho. La ley 065 de 10 de diciembre de 2010 a tiempo de crear la Gestora Pública de Seguridad Social (como se la llama) desahucia por activa o pasiva a la AFP Previsión, dando lugar a la nueva demanda.

La manía de estatización y monopolio del actual Estado, tiende a rodearse de una aureola populista o demagógica sin medir las consecuencias. Abre así anchas compuertas para administraciones defectuosas, dispendios económicos y hasta corrupción, como característica universal de las empresas públicas. Otro factor son las presiones sociales que, por ejemplo, forzaron a una precipitada nacionalización de las concesiones en el Salar de Uyuni, sin permitir análisis y pasos más adecuados. ¿No ocurre ahora otro tanto, aunque sin presión social alguna?