Impunidad y violación de derechos humanos

San José.- La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) afirmó ayer que el Gobierno de Nicaragua busca mantener la impunidad y las violaciones a los derechos humanos al impedir las investigaciones de los hechos violentos durante la crisis sociopolítica que atraviesa ese país.

“Los obstáculos que Nicaragua está imponiendo (...) demuestran que las autoridades están determinadas a que haya impunidad y que las violaciones de derechos humanos sigan ocurriendo”, aseguró Cejil en un pronunciamiento emitido ayer.

En publicación de la agencia EFE, La organización acusó al Gobierno nicaragüense de poner obstáculos al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al Mecanismo de Seguimiento (MESENI), establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

VERDAD

Cejil expresó su “profunda preocupación” porque el Estado nicaragüense “impide investigar algunos de los hechos ocurridos en este país y apoyar a las autoridades en garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de las graves violaciones de derechos humanos”.

La organización aseveró que la represión estatal a las protestas que comenzaron el 18 de abril “deja más de 300 personas asesinadas, centenares de personas detenidas arbitrariamente y víctimas de actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como líderes sociales criminalizados sin acceso al derecho de defensa”.

El GIEI denunció el pasado jueves que no ha logrado tener acceso a información tras iniciar sus labores en el país el pasado 2 de julio, después de suscribirse un acuerdo con el Estado, para coadyuvar en la investigación de los hechos de violencia ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, reportó la agencia EFE.

GIEI no cuentan con acceso a los expedientes de los procesos penales abiertos, los informes técnicos, los registros sobre personas asesinadas, entre otros, señaló Cejil.

CONDENA

“Condenamos esta actuación del Estado, la cual desvela su falta de voluntad para dar cumplimiento efectivo a las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en específico, la que implica garantizar que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se identifiquen, juzguen y sancionen a la totalidad de los responsables”, manifestó Cejil.

La organización exigió al Estado que entregue la información disponible y que elimine cualquier barrera para que los órganos internacionales puedan cumplir con su labor de investigación.

Además, la crisis, la más sangrienta desde 1980 en Nicaragua, ha dejado entre 317 y 448 muertos, según organizaciones no gubernamentales, mientras el Gobierno del presidente Daniel Ortega reconoce 198.

GRUPO DE OEA

El Nuevo Diario reflejó el pronunciamiento del Grupo de Trabajo de la OEA, quienes dijeron ayer que ha empezado contactos con “actores relevantes nacionales, locales e internacionales” para obtener información y encontrar la forma de ayudar en el diálogo de Nicaragua.

En su primer comunicado, divulgado ayer por el representante de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, el Grupo de Trabajo también expresó su interés en lograr un “diálogo constructivo” con el gobierno de Daniel Ortega, al que también expresó su “condena” por los actos de violencia y su preocupación por la crisis que vive Nicaragua.

“Con la urgencia que amerita la situación, (el Grupo de Trabajo) ha iniciado contactos con actores nacionales, regionales e internacionales relevantes a fin de recabar información e identificar vías de colaboración que permitan coadyuvar al proceso de diálogo nacional en Nicaragua”, indicó el pronunciamiento.

No obstante, los 12 países miembros haciendo eco de dos resoluciones del Consejo Permanente de la OEA, expresaron su «enérgica condena» a «los actos de violencia, represión, violaciones a los derechos humanos y abusos contra el pueblo de Nicaragua, así como la persecución selectiva, las detenciones arbitrarias y prácticas de criminalización de la protesta social». (EFE - Agencias)