Inexistente política de salud en penales

El médico forense especialista en Derechos Humanos del Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la violencia del Estado (ITEI), Marcelo Flores, advirtió que en el país no existe una política de salud penitenciaria, y que por este motivo teme que la situación de la salud en los centros carcelarios no cambie en el futuro.

“No ha cambiado (el tema de la salud) y no pienso que cambie en el futuro próximo porque no existe una política de salud penitenciaria, (lo que se hace) es poner un médico ahí y que atienda cosas como dolor de estómago, dolor de cabeza, resfríos comunes”, indicó Flores a ANF.

Tres médicos

Remarcó que no existe una política de prevención ni epidemiológica en las cárceles que diga cuál es el problema de cada centro penitenciario, si tiene o no la suficiente cantidad de baños, buscar distribuciones adecuadas para la población penitenciaria, para tratar que las enfermedades no se diseminen.

“Lo más básico que hace el Estado es poner un médico y que el médico se encargue de todo prácticamente y generalmente no se puede hacer eso”, enfatizó.

Actualmente el penal de San Pedro cuenta con tres médicos para más de 2.500 internos, pero no siempre fue así, de enero a marzo solo estuvieron dos galenos. Los funcionarios solo atienden de 09.00 a 18.00 y mucho de este tiempo lo dedican más a realizar informes, indicó a ANF un exfuncionario de Régimen Penitenciario.

“Es falta de una real política sanitaria adentro, ya sea porque ellos adoptan el sistema nacional y con poner un médico allá adentro que tenga su librito que llena y cuántos pacientes atiende por mes, suficiente, no hay un estudio de qué enfermedades son prevalentes, por qué está pasando eso, de qué se enferma más la gente, no existe, son más repartidores de recetas”, afirmó.

Revelaciones

El reportaje “El precio de la vida en el penal de San Pedro”, realizado por ANF, revela que sobre campañas y medidas preventivas de salud, si bien se realizan diagnósticos básicos de VIH y tuberculosis, la prueba es voluntaria y “no existe ningún plan o estrategia para reducir la incidencia entre los reclusos”.

San Pedro es una mole de adobe de más de un siglo, conocida por ser una de las cárceles más pobladas de Bolivia y porque dentro de esos muros centenarios, la ley que impera es la de los presos: un par de ellos imponen las reglas. La idea de panóptico con la que se construyó, para observar a todos los internos en todo momento, fracasó. Hoy la mirada de las autoridades, no pasa del ingreso.

La cárcel ostenta récords más graves. Es la que registra la mayor cantidad de presos muertos por problemas de salud en el país. En 2016 fueron 25, la mitad de los fallecidos por enfermedad en todas las cárceles de Bolivia y el doble de la cárcel con más presos: la de Palmasola, que la duplica en reos, donde los muertos por enfermedad ese año fueron 13.

Varias

enfermedades

Las cifras oficiales del sistema penitenciario, y varios recorridos por su interior, dan una pista de los motivos: reciben pocos medicamentos, el presupuesto para salud apenas alcanza para una ampolla para el dolor para cada preso, las condiciones son insalubres y tiene la relación más desigual médico-reclusos del país, según datos de la entidad rectora. Los presos con condiciones psiquiátricas y problemas de adicciones conviven con los demás, y varios internos ya fueron víctimas de ataques con cuchillo. No hay examen médico de ingreso, por lo que nadie conoce qué enfermedades y cuántos enfermos hay. Sólo se sabe por qué mueren: infecciones severas, problemas cardiacos y pulmonares, enfermedades crónicas y hasta por desnutrición. Cuadros, en su mayoría, controlables.

Cuatro leyes nacionales y al menos cinco pactos internacionales obligan a Bolivia a garantizar la salud en los penales, pero en San Pedro el hacinamiento y la calidad de los alimentos enferman. El derecho a la salud "y a todo lo demás" se paga: alquiler de celdas en mejores condiciones, medicamentos y hasta deben dar a los custodios entre 50 y 100 bolivianos (hasta 15 dólares) por el traslado al hospital cuando se presenta un cuadro grave.

Pago para vivir

Las condiciones son pésimas y, si no pagas, son paupérrimas. El que paga, vive mejor y recibe los tratamientos que en la cárcel no están garantizados. El que no, puede morir.

Mario es un preso que lleva encerrado tres años sin sentencia en el penal. En ese tiempo, convivió con tres costillas fracturadas, los hombros dislocados y el tórax lesionado. Los primeros nueve meses tuvo dolores fuertes, hasta que un médico lo atendió, pero ya era tarde: camina con dificultad y los dolores no desaparecen. Tuvo permiso de un juez para ser trasladado a un hospital en tres ocasiones, pero sólo lo consiguió gracias a la insistencia de la familia. Sin dinero y sin ayuda, los presos no consiguen un custodio que los lleve al hospital.

Cuando un preso necesita atención urgente por su estado de salud, va ante el médico del penal. El médico lo evalúa y, si el paciente lo requiere, hace un informe para su salida. Ese trámite va al juez, que debe autorizar la salida del preso, y ordena, en ese mismo acto, su traslado. Ese proceso demora unas dos semanas, y a veces más. Casi siempre acaba en esto: llega el permiso ante el director del penal, el director ratifica y autoriza, y ordena la salida del interno que, si no dispone de dinero, no podrá salir.

Costo para

ir al hospital

Para salir, los presos como Mario son trasladados por un custodio. Pero aquí es donde el proceso se tranca: los custodios cobran entre 50 y 100 bolivianos (hasta 15 dólares) para trasladar a los presos, aunque debería ser gratis. Sin pago, nadie lo lleva. En este mundo, la orden judicial no alcanza. El tiempo para conseguir la cura se evapora.

Según un exfuncionario de Régimen Penitenciario, que pidió mantener su nombre en reserva, solo tres de cada 10 internos logra atención médica pese a tener orden judicial. Muchos desisten al ver truncada su salida en reiteradas ocasiones. Las salidas de emergencia se autorizan cuando es inminente que el interno pueda perder la vida.

Hay otras cuestiones, menores en comparación, para las que los custodios también cobran: ingresar al penal comida, medicamentos y hasta gaseosas; también muebles o cualquier tipo de artefacto. Un colchón, 100 bolivianos (14,3 dólares); una caldera eléctrica, la mitad. Nada comparable con la vida.

Otras cárceles

A la escasez de medicamentos se suma la de médicos. Los datos muestran que la relación médico reclusos es la más desigual del sistema penitenciario: un médico por cada 820 internos. En Palmasola, la cárcel más poblada, hay uno por cada 696. En El Abra, de Cochabamba, la tercera en población, uno por cada 777. El promedio es de un galeno por 511 presos, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda uno para 435 personas como mínimo.

El penal cuenta con tres médicos y dos consultorios: uno ubicado en la Población, el sector más popular, con cerca de dos mil reclusos; y otro en la sección Posta, conocida por albergar a internos con mayores posibilidades económicas, con unos 500. En la Posta, los internos son los que gestionan su salud, sus medicamentos y hasta consiguieron, con sus propios recursos, montar un consultorio para odontología.

Total

desinformación

Los médicos que hay, no saben ni cuántos enfermos albergan en el penal. Tampoco cuántas y qué clase de enfermedades. El examen médico obligatorio que debe hacerse a los presos que ingresan, no se cumple. Por ejemplo, en dos secciones la cantidad de presos suma unos 500, pero las historias clínicas solo son 270.

Sobre campañas y medidas preventivas de salud, un funcionario refirió que si bien se realizan diagnósticos básicos de VIH y tuberculosis, la prueba es voluntaria y “no existe ningún plan o estrategia para reducir la incidencia entre los reclusos”. La detección de VIH no es obligatoria, “muchos están contagiados, pero no quieren que se les realice la prueba”, indicó el funcionario. La tuberculosis se detecta cuando hay tos persistente.

“Bomba de tiempo”

En caso de enfermedad de alto riesgo de contagio como la influenza, paperas o meningitis, los médicos del penal aíslan al enfermo en la sanidad, que generalmente está atestada de pacientes, o en un cuarto pequeño de 1,5 por 2 metros, “donde no ingresa ni el sol y el interno debe dormir en el piso frío y húmedo”.

“San Pedro es una bomba de tiempo, un coctel de enfermedades, ya que una infección no controlada puede expandirse rápido en el penal por el hacinamiento”, dice el exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos. Los números le dan la razón: hay 34 patologías que van desde infecciones respiratorias hasta meningitis. Las de mayor incidencia son las infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias, diarreas agudas, hipertensión arterial y diabetes. El hacinamiento, que en el penal va en aumento, aviva las plagas: en 2017 había 2.461 presos amontonados en un lugar para 800, es decir que donde debe entrar uno hay tres.

Negocio de celdas

En el penal se cobra el techo, pese a que, de acuerdo a ley, es el director del penal el que “asignará gratuita y obligatoriamente al interno una celda” en buenas condiciones. Bolivia es el cuarto país con superpoblación carcelaria de América Latina, hay 2.461 presos amontonados en un lugar para 800. Así que el espacio y la comodidad se cotizan.

Aquí todos los presos pagan y los que van a las mejores secciones, pagan más. La modalidad no es exclusiva, hay otras cárceles que lo hacen, pero aquí por la alta demanda y la poca oferta los precios de las celdas son los más elevados del sistema, sobre todo en la sección Posta donde un anticrético llega a costar hasta 15 mil dólares, mientras que en la cárcel de Palmasola está a la mitad.

El negocio es digitado por los delegados, que son designados por los propios internos para suplir o luchar por ese vacío que deja el Estado, pero lo aprovechan: son los que administran los espacios mediante cobros que deben ser pagados de manera obligatoria. Todo ocurre con el respaldo de la Policía, que deja hacer y se beneficia del negocio: el método funciona sin imperfecciones.

Dormir a la

intemperie

Los que no pueden pagar, acuden al alojamiento, donde se paga sólo por dormir. Una especie de dormidero ambulante por cinco bolivianos la noche. En la Posta pagan 100 al mes, solo por un espacio en el piso de un salón grande que deben abandonar en el día. Los que no pueden pagar ni cinco, unos 350 internos, duermen en los pasillos, los entretechos, la intemperie. Donde encuentren o puedan.

Mario pudo conseguir un espacio de tres metros de largo por uno y medio de ancho en una de las secciones más pobres del penal. Vive en la añadidura de una celda común que comparte con 10 internos. Su habitación, por la que paga 65 dólares al mes, siempre tiene un intenso olor a moho. Por más pequeños trabajos que hizo dentro del penal, como la venta de golosinas y pasteles, nunca le alcanzan para la celda, los medicamentos, la comida que puede y debe comer por su estado de salud.

“Durante tantos años estoy sufriendo este dolor crónico y no puedo sanar ”dice Mario.

“El paracetamol

cura”

El director de Régimen Penitenciario, Jorge López, indicó que en las cárceles sí hay una política de salud y que “como nunca el avance es fundamental porque ahora ya hay ítems, un médico en cada centro penitenciario”. Sobre los medicamentos, afirmó que por más que el presupuesto sea elevado, hay quejas porque solo se les da paracetamol, “pero también hay que tomar en cuenta que el paracetamol cura”. Desde 2009, explicó, se lleva adelante una reforma penitenciaria que abarca infraestructura, salud, educación y cultura en los penales, pero, indicó, como todo proceso, es de largo aliento.

Mientras tanto, internos como Mario tendrán que seguir buscando su sobrevivencia en un ambiente adverso que les consume la vida, donde se paga para estar preso, con políticas estatales que a lo largo de los años no cambiaron la realidad de las cárceles, como San Pedro, la cárcel con más muertes por enfermedades de Bolivia. (ANF)