El caso de un probable pago del segundo aguinaldo, pese a la crisis por la que atraviesa el país, causa preocupación no solamente en el empresariado sino en la población en general. El gobierno cree que un crecimiento del 4,5% del Producto Interno Bruto “permitirá el pago del segundo aguinaldo”.
La verdad es que así fuese mayor el PIB, la diferencia radical que hay entre las empresas del país, su situación generalmente controvertida, sus dificultades para contar con capacidad de pago para sus más elementales necesidades, como son el pago de sueldos y salarios, impuestos, seguridad social y adquisición de materia prima, sin contar otras muchas obligaciones que requieren ser pagadas oportunamente, muestran cuán difícil y problemática es la situación del empresariado privado (ED 20-7-18).
El gobierno considera que, racionalmente, “empresas del Estado que cuentan con buena situación financiera” podrán pagar el segundo aguinaldo y no así aquellas que muestren situaciones críticas y no podrán cubrir la nueva obligación. Según el empresariado, el gobierno podría aplicar la misma medida con el sector privado; pero, no considera que, de actuar bajo esa premisa de que “paguen las que puedan”, crea diferencias y discriminaciones muy graves, tanto entre empresarios como en el personal, porque cada uno podrá mostrar situaciones racionales o no y, en el caso de los trabajadores, despertaría susceptibilidades por la marginación que sentirían.
Si hay una disposición y ésta permite erogaciones ajenas a los presupuestos corrientes, el doble aguinaldo podría ser pagado si efectivamente las posibilidades lo permitiesen; hacerlo bajo el principio de simples cábalas o suposiciones es contrario a lo racional, a lo honesto y procedimiento franco con los trabajadores. Si hay una ley que cubra a todos es correcto; pero disponer legalmente diferencias y preferencias es contrario a todo principio de equidad, prudencia y perspectivas de futuro. No se debe olvidar que el segundo aguinaldo es simplemente electoralista y no se lo puede calificar como “beneficio permanente” o sea que es momentáneo, circunstancial y pasajero. Lo racional y legal hasta ahora es y ha sido siempre el aguinaldo tradicional, del que nadie discute su pago.
Creer que el PIB del 4,5% es garantía, es alejarse de la realidad y racionalidad de la economía. Solamente la producción y generación de riqueza y creación de empleo pueden garantizar tanto posibles aumentos de sueldos y salarios como el pago de bonos extraordinarios, como resulta el segundo aguinaldo. Ni el gobierno ni el empresariado privado ni la misma colectividad pueden ilusionarse con que el porcentaje de crecimiento sea una “varita mágica”, lo que está bien para sueños de la niñez, y no para la vida real que es categórica y terminante en sus principios y consecuencias.
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