ANP rechaza intención de atentar contra la libertad de expresión

El presidente Evo Morales planteó ayer la elaboración de una ley para sancionar la “mentira”, ya sea en autoridades o de medios de comunicación, anuncio que recibió un rechazo rotundo de varios sectores de la sociedad, entre ellos líderes de opinión y la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que calificó la intención como un nuevo atentado a la libertad de expresión de los bolivianos y una violación a la Constitución Política del Estado y normas internacionales.

“Estoy pensando tal vez, hay que preparar una ley contra la mentira, como se sanciona al mentiroso, sea autoridad o sea medio de comunicación, como reglamento a la Constitución”, planteó Morales durante un acto de entrega de recursos a municipios de Chuquisaca.

Ante estas declaraciones, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia advirtió que crear una ley esas características va en contra de los tratados internacionales y la Constitución Política del Estado (CPE) que garantizan el ejercicio de libertades y el desarrollo humano.

En el comunicado de la ANP explica que la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia al respecto en su Art. 13 manda: “Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia”.

MÁS OPINIONES

Por su parte, el diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos indicó que esta intención tiene la finalidad de continuar una persecución política contra los opositores que piensen distinto al Gobierno oficialista, o en el caso de que realicen una denuncia en contra de las autoridades del Estado.

El legislador hizo una comparación con las normas que se aprobaron por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, específicamente la Ley Contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia que fue aprobada en noviembre de 2017.

Esta norma establece que sus mecanismos suprimen el libre ejercicio del derecho a la libertad de expresión y fomentan la censura y la autocensura al otorgar al Estado el poder para sancionar a medios de comunicación tradicionales y digitales, bloquear sitios de internet, eliminar contenidos, revocar licencias e imponer penas de cárcel de hasta 20 años.

El expresidente Carlos Mesa dijo que esta norma es innecesaria ya que el Código Penal sanciona las calumnias que es equivalente a decir una “mentira”. Advirtió que la justicia no funciona ya que está bajo el poder político.

ATAQUES

En los últimos días de forma recurrente se suscitaron hechos en contra del trabajo de los medios de comunicación y los periodistas.

Uno de esos hechos fue la retención obligatoria que sufrieron varios periodistas que acompañaron a la Comisión Internacional del Tribunal de los Derechos de la Naturaleza que trató de entrevistarse con los colonos del Polígono 7 en el Tipnis.

Unos días después, la ministra de Comunicación, Gisela López, cuestionó a un presentador de un programa de televisión por la forma de entrevistar a un dirigente indígena y observó los términos que utilizó el comunicador al referirse al mismo, lo que reflejó la intención del Gobierno de imponer censura a los medios y atentar contra la CPE y la Ley de Imprenta que protege el derecho a la libertad de prensa sin previa censura, cuestionó el constitucionalista, Williams Bascopé.

“Es un total despropósito y un atropello a la Constitución, lo que hizo la Ministra de Comunicación, llamar a un programa de televisión con palabras disfrazadas -con respeto- poniéndole un barniz pero con un contenido de censura e incluso de abuso de poder, vulnerando la libertad expresión, de prensa y de todo ciudadano”, manifestó Bascopé.

URQUIZU HABLA

DE ODIO

Ayer, el gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, nuevamente arremetió contra los medios de comunicación y esta vez acusó a dos de ellos de sembrar “odio” contra los campesinos.

“Como masista me pregunto: qué delito hemos cometido para que opositores, con la vocería de los medios de comunicación como Página Siete y Correo de Sur, siembren tanto odio y tanto rencor contra el campesinado, contra el sombrero, contra la abarca, contra el poncho”, manifestó.

Aseguró que siembran “odio” identificando como autoritarios a los representantes del sector campesino. Pero, “yo siento que no es ser autoritario trabajar todos los días sin ver el horario (como) nuestro hermano presidente (Evo Morales)”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que no se muestre en los medios la magnitud de las obras entregadas por el presidente Morales e incluso consideró que este tipo de informaciones debería estar en las primeras planas de los periódicos.