En la pasada semana se estrenó el nuevo palacio de gobierno, denominado “casa grande del pueblo”, seguramente por su volumen en metros cuadrados construidos y la extensión de terreno ocupado, colindante con el “Palacio Quemado” y la catedral. El costo de este voluminoso edificio sería de alrededor de 292 millones de bolivianos, es decir cerca a los 42 millones de dólares, costo al que hay que agregar el equipamiento y las pinturas o murales que seguramente serían de alrededor de 5 millones de dólares.
El tal palacio presidencial, que por su volumen ahora cobija a algunas otras reparticiones oficiales, en cuanto a diseño es un edificio de 26 pisos, con un helipuerto en la terraza, cuando podía haberse seguido la arquitectura republicana y no dañar el entorno histórico cultural de área, considerando que disposiciones municipales prohíben construcciones con una mayor elevación a las edificaciones históricas.
Esta edificación millonaria tiene todo un piso de 1.068 metros cuadrados en el piso 24, destinado exclusivamente al uso del presidente del Estado, con una suite presidencial con dormitorio, vestidor, baño, recibidor y dos accesos directos a los ascensores (siete); sólo el baño tiene una extensión de 47.1 metros cuadrados y el dormitorio 61. Además la suite tiene una sala de estar, otra de lectura (sabemos que el presidente es reacio a leer, como él mismo declaró), comedor, sala de masajes, sauna gimnasio, cocina y escritorio, así como áreas para la seguridad personal del presidente (el vicepresidente expresó que era un cuartito para que repose el presidente).
En el piso 23 está el despacho presidencial en una planta completa, con dos oficinas para uso presidencial, un área o “estar íntimo”, tres salas de reuniones, sala de espera, área de secretarias y apoyo administrativo y acceso a los siete ascensores. Un piso más arriba está una suerte de terminal área, con una sala privada de espera y acceso directo al helipuerto. En los pisos inferiores se ha construido salas de reuniones, anfiteatro para más de mil personas, tres niveles de subsuelo, etc., una edificación digna de un “jeque árabe”.
Para justificar este nuevo palacio de gobierno, el coro de “portavoces” de las acciones de gobierno, entre éstos la Ministra de Comunicaciones (más bien deberíamos llamarla de propaganda), ha expresado que el anterior palacio, era el símbolo del colonialismo y la república y que el nuevo palacio expresaba los tiempos actuales (seguramente se refería a los tiempos de derroche y despilfarro). Si seguimos esta idea expresada por los oficialistas, el presidente del Estado Plurinacional, no debería usar la medalla presidencial que donó el Libertador Bolívar, pues el primer presidente de Bolivia fue el introductor del “liberalismo” como filosofía política que en alguna medida sigue vigente, ya que sería también un símbolo del colonialismo republicano.
En contraste con esta suntuosa edificación, en un país con una población mayoritariamente pobre -a la que le permitirán acceder a sus instalaciones para sacarse fotos de matrimonio o usar alguno de sus salones para actos de egreso de bachilleres-, las edificaciones de algunos centros de salud están en mal estado, como el Hospital del Tórax, que fue inaugurado en 1959 durante la Revolución Nacional, que con el Hospital Obrero fueron referentes de altos niveles de prestación de salud en esos tiempos y que todavía prestan valioso servicio público. El mencionado hospital se encuentra en un estado de lamentable deterioro, con sus cornisas cayéndose, los ventanales de las salas de internación que no cierran, los pisos deteriorados al igual que las paredes etc., y seguramente con otras carencias de equipo, personal especializado, etc.
El culto al poder y la exaltación al caudillismo son el verdadero justificativo para el nuevo palacio y el que se edifica para el Órgano Legislativo, recordándonos que los autócratas (Hitler y Stalin en el pasado siglo) y desde la antigua Roma, hacían construir grandes edificaciones, seguramente para perpetuar su memoria, cuando en verdad el juicio de la historia toma otros parámetros para juzgarlos.
El autor es abogado y politólogo.
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