Argentina entre inflación, corrupción y esperanza

Argentina tiene 44.570.000 habitantes, muchos frustrados con los políticos. La economía registra una inflación anual del 22.7%, y empieza a recibir un crédito de US$50.000 millones del Fondo Monetario Internacional. Argentina es miembro fundador del FMI y tiene el derecho de acudir a él en busca de asistencia financiera. Se trata de ayuda de bajo costo monetario… y no hay otra. El país debe crecer un 2,00% en 2018 según las variables macroeconómicas registradas a mediados de agosto de 2018 que muestran mejoras que se espera repercutan en lo microeconómico en forma sostenida. El plan intenta fortalecer la independencia y desempeño del Banco Central, reducir la deuda externa y la inflación, y restaurar la confianza de los mercados en la economía argentina, la tercera más grande de Latinoamérica, de modo que los gobiernos central y provinciales puedan pagar deudas que a su vez reactiven la confianza de la empresa privada.

Según Roberto Cardarelli, jefe de la misión del FMI, el gobierno dispondrá de fondos para cubrir la asistencia social como las transferencias condicionales de efectivo que alcanzan a la mayoría de los pobres. Por otro lado, si es necesario, el gobierno puede aumentar el gasto público hasta el 0,2% del PIB (o 30 mil millones de pesos) por año calendario mientras tenga cierta holgura en el presupuesto. A medida que el ajuste avance por donde debe habrá alternativas adicionales. Se trata de proteger a la población más vulnerable de lo negativo de los recortes del gasto público que en última instancia solo se estabilizará cuando la economía crezca en términos reales. La inflación a finales de 2019 deberá estar en un 17%, y menos después. También se busca un equilibrio al nivel federal entre ingresos y gastos hasta 2020 que excluya pagos por concepto de intereses. Esto viene a ser un año antes de lo originalmente anticipado por el gobierno, y está principalmente basado en políticas de reducción del gasto público que incluyen menos subsidios al consumo energético, menor presupuesto de salarios, y reducciones en las transferencias de recursos a las provincias y a las empresas del Estado. También se suspenderá los anunciados recortes tributarios que son menos costosos.

Lo anterior ha venido pesando mucho tiempo en el ánimo de los argentinos que, para colmo, se han visto ofendidos y hasta afectados por la inmensa corrupción detallada en El País el 19 de agosto de 2018, que dice que el señor Oscar Centeno, chófer de rango de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner durante 10 años, registró, en 8 cuadernos escolares, “cientos de viajes con bolsos cargados de dinero, producto de presuntos sobornos que empresas constructoras pagaban a cambio de contratos con el Estado”. La prensa argentina los llama “cuadernos de corrupción” lo que se asemeja al Lava Jato brasileño por las dimensiones que abarca, al parecer incluso a la justicia argentina.

La hueste peronista tiene que estar desencantada cuando los líderes al parecer se hacían multimillonarios acarreando maletas con dinero que incluso extraviaban… en tanto que el fiel voto peronista recibía migajas y desde luego promesas. Y esto, de una forma u otra, en gobiernos peronistas desde los años 1940, cuando Juan Domingo Perón gritaba a los cuatro vientos que “liquidaría a la oposición”. Lo que más liquidó fue la prosperidad y hasta la grandeza que mereció y merece el sacrificado pueblo argentino desde hace 73 años.