Vulneración de normas deja en indefensión a adultos mayores

La Cámara Departamental de Comercio de La Paz dio a conocer que operativos del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) La Paz estarían vulnerando la Ley del Adulto Mayor, al dejar en indefensión a las personas adultas que se encuentran en centros de atención integral privados. En tanto, el jefe de la Unidad de Acreditación y Control de Centros, César Hidalgo, desestimó la denuncia y afirmó que en la gestión se clausuró un sólo geriátrico.

A través de una carta dirigida al gobernador del departamento de La Paz, Félix Patzi, se denunció que la Ley Departamental Nº 56, de 30 de mayo de 2014, nunca fue consensuada ni trabajada con el sector privado, por lo que se incurre en una serie de desventajas para los centros de atención integral privados, como casas de reposo, geriátricos, hogares, asilos y casas de acogida.

La Cámara Departamental de Comercio solicitó al Gobernador de La Paz su intervención inmediata para frenar los cierres de estas entidades, que en muchos casos se deriva en total indefensión a los adultos mayores que han sido acogidos en estos centros privados.

“Todas las personas adultas que son beneficiarias es evidente que no tienen la posibilidad de ser custodiadas y/o protegidas por un familiar las 24 horas de los siete días de la semana”, se cita en el documento.

Asímismo, se señala que estas entidades están siendo cuestionados bajo un criterio legal mediante el registro, acreditación, apertura, funcionamiento, que en la mayoría de los casos han sido legitimados por patentes de funcionamiento municipal, principalmente en las ciudades de La Paz y El Alto.

Estos cuestionamientos no toman en cuenta la protección, prevención y atención de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, como en el caso de los adultos mayores, que ante el cierre de estos centros y no por efecto de maltrato o mal funcionamiento, se ven de la noche a la mañana en situación de calle, lo que hace que su derecho humano constitucional esté siendo vulnerado de una manera desacertada.

Por su parte, el jefe de la Unidad de Acreditación y Control de Centros, César Hidalgo, manifestó que se realizan operativos para verificar el cumplimiento de la normativa departamental Nº 56, que establece que los centros integrales deben brindar su atención con la mejor calidad posible y en caso de incumplimiento se procederá a su cierre.

“Lastimosamente, la Cámara de Comercio desconoce esa norma departamental que resguarda a los adultos mayores, como en el caso de Sedeges, por lo que tenemos la obligación de velar por estos centros de atención integral a las poblaciones vulnerables”, manifestó.

Explicó que la Ley Nº 56 fue una normativa instaurada en el mandato ministerial de César Cocarico, en 2015, por lo que en esa gestión debería haberse consensuado con los sectores directamente involucrados.

Hidalgo aceptó que en la actual normativa existen falencias, como los cobros irregulares que realizan algunos centros privados, pues se llega a cobrar desde Bs 4.000 a 3.000 por adulto mayor, sin cumplir con los derechos del adulto mayor. Anunció luego que se trabaja en una modificación a la ley, por lo que se trabaja en una nueva propuesta.

Detalló que en lo que va del año, se cerró apenas un solo asilo. Señaló que una vez cerrado el centro, es el municipio que se encarga de velar por el bienestar de los adultos mayores, entre ellos buscar a sus familiares para garantizar su protección.