Contrario a la CPE es impulsar la violencia

En 193 años de vida libre e independiente del país y en casi 36 años de vida democrática continua, todas las generaciones de bolivianos hemos comprobado cuán negativas son las posiciones que buscan enfrentamientos, que ahondan las diferencias ideológicas, que contradicen principios elementales de convivencia y respeto a los derechos humanos; hemos verificado, tanto en gobiernos constitucionales como dictatoriales, que la desunión es factor para desarmonías, conflictos, diferencias radicales en los campos sociales y económicos y, sobre todo, imposibilidad de actuar unidos en defensa de la Constitución y las leyes, porque cada persona, cada partido y cada sector de la población cree tener la interpretación correcta de la Carta Magna y de las leyes.

Las permanentes diferencias y los conflictos que surgen por cualquier motivo baladí, se encargan de multiplicar los problemas y hacerlos más difíciles de resolver. Lo grave es que quienes asumen el poder de la República, legal o ilegalmente, sienten que deben imponer solamente su criterio, aislando los pensamientos e ideas de los demás, por más constructivas y patrióticas que sean y ello da lugar a que surjan más posiciones encontradas, hasta el extremo de violencias verbales o de hechos que, a veces, han derivado en enfrentamientos.

Ahora, a 12 años de gobierno del presidente Morales y su partido MAS, con apoyo del sector cocalero del Chapare, cuya presidencia ejerce él y el apoyo de otros grupos sociales especialmente campesinos, los discordes tienden a acentuarse, las diferencias se agrandan y los desacuerdos adquieren proporciones peligrosas. El partido de gobierno al tener mayoría en el Poder Legislativo y dominio absoluto sobre el Poder Judicial, casi siempre se coloca en posición defensiva porque considera que una incipiente oposición político-partidista obedece al imperialismo norteamericano, a quienes son parte de las derechas y obedecen dictados de anteriores gobiernos que, aseguran, no representan los intereses del pueblo; que los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 son efecto de la mentira; que el no a la repostulación del Presidente y su segundo, está en contra de lo que la “mayoría” quiere.

Así, entre enrostramientos de una y otra clase con acusaciones de las partes en discordia permanente, toda esperanza de armonizar posiciones y actuar acordes con los intereses del bien común, se alejan cada vez de la vida colectiva, mientras el pueblo soporta, casi estoicamente, que conductas ajenas al sentir nacional traten de dominar la situación política, económica y social.

Como partes de las diferencias y conflictos, tanto gobernantes como gobernados tienen la obligación de asumir la verdad de lo que están representando y corregir conductas y posiciones en aras de los intereses comunes. No corresponden más divisiones y mantener posiciones antagónicas, sabiendo que ambas partes obran sin sentido común, porque aquello de creer que hay ganadores es simple fantasía cuando todos pierden.