Cocaleros culpan al Gobierno por muertes en los Yungas

La marcha de productores de coca de los Yungas de La Paz ha arribado a la zona de Puente Villa, desde donde salieron voces que responsabilizan al régimen de Evo Morales por las muertes ocurridas en la población de La Asunta, durante los operativos de erradicación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

El programa Encontrados y la emisora FM Bolivia hacen un seguimiento a la marcha de los pobladores del norte paceño, que se han movilizado desde el viernes, luego de la primera baja por arma de fuego en La Asunta, el teniente Daynor Sandoval miembro de la Unidad de Patrulla Policial Umopar, y los dos cocaleros muertos el miércoles en puente San Antonio.

Personas entrevistadas por ambas producciones, señalan responsabilidades al régimen, incluso al ministro de Gobierno, Carlos Romero, por esas tres bajas, afirmando que detrás de todo existe un montaje político para descabezar a la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca), empezando de su presidente Franclin Gutiérrez, detenido en el penal de San Pedro como sospechoso de haber participado en la primera baja policial.

La indignación de la población de Yungas llegó a pedir la renuncia de Evo Morales, el mandatario que a una semana de estallada la violencia en el norte paceño aún no se ha referido al caso ni siquiera por su cuenta de Twitter.

“Nosotros le hemos ayudado a llegar al poder, hemos aportado, lo hemos defendido y ahora nos masacra”, decía una mujer en el punto de descanso de Puente Villa, a poco de comenzar la subida hacia la Sede de Gobierno.

Voces más radicales luego pidieron la renuncia del jefe del Estado Plurinacional, como el dirigente Sergio Pampa. “Vamos a pedir la renuncia de Evo Morales por la caída de estos muertos”.

Los funcionarios de Gobierno se limitaron a dejar el tema “en manos del Ministerio Público”, con la imputación contra Franclin Gutiérrez por “tentativa y complicidad de asesinato”, además de “portación ilegal de armas”, en la investigación por la muerte del oficial de policía que, además, era oriundo de Yungas.

El abogado del líder cocalero Franclin Gutiérrez quien guarda detención en el penal de San Pedro de La Paz, Ernesto Jaúregui, confirmó que la audiencia de apelación de su defendido se llevará a cabo el 5 de septiembre, en la sala penal segunda del Tribunal Departamental de Justicia.

Como autor material de esa muerte, se detuvo e imputó al cocalero Wilber Silva.

En tanto, sobre la supuesta emboscada a los efectivos policiales, que derivó en el uso de armamento letal el miércoles, esta jornada el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Fernando Rojas, presentó como pruebas un fusil Máuser, calibre 7 y una escopeta calibre 16, además de proyectiles y celulares con imágenes “elocuentes” de que ese hecho fue planificado.

En el lado de los cocaleros del Chapare, cuya hoja no es calificada como “tradicional” se amenazó con otra marcha si el tema comienza a utilizarse de forma política. Este sector, dependiente de Evo Morales como presidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, dice que los yungueños “defienden y encubren al narcotráfico” al evitar las tareas de erradicación en el cordón rojo de La Asunta.

GOBIERNO

El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga informó ayer que en La Asunta la meta de erradicación de coca es 1.500 hectáreas (ha) de las cuales ya se erradicaron 1.273 ha, en forma consensuada con los pobladores.

“Al momento nos queda erradicar 225 ha de las cuales se encuentran en cuatro comunidades San Antonio, Villa Porvenir, Mejillones y San Fernando, (…), ya se han llegado a consensos con dos de las comunidades estando una en proceso de concertación, sin embargo tenemos el punto de conflicto en lo que es San Antonio”, aseveró. (Visor.Bolivia y EL DIARIO)