Estado discriminador

El gobierno actual del doble sexenio se caracterizó en sus comienzos por dictar medidas sociales como la ley de lucha contra la discriminación, pero mientras sostiene de palabra esa política moralista de mínima cuantía, en la práctica no la toma en cuenta en lo que se refiere a asuntos de gran tamaño. Esa actitud no es una mera afirmación, sino es un hecho en lo que se refiere a aspectos económicos básicos, en particular en lo relacionado con la discriminación a la economía del sector privado.

Datos específicos confirman que el Estado Plurinacional dedica casi todos sus esfuerzos materiales y políticos a crear y mantener, a como dé lugar, un programa basado en crear y mantener empresas estatales, casi todas ineficientes, mientras ha puesto un dogal asfixiante a la empresa privada, que pese a que su existencia y desarrollo están garantizados por la Constitución, está en peligro de muerte.

En términos concretos, el Estado Plurinacional otorga a las empresas estatales grandes créditos con bajos intereses y largos plazos, les hace grandes preferencias discriminatorias en cuanto a pago de salarios, les permite la movilidad ilimitada de sus trabajadores y empleados, las leyes laborales solo benefician a sectores privilegiados, no se cumplen disposiciones internacionales y otros numerosos aspectos de consideración.

Mientras las empresas estatales son, en esa forma, objeto de toda clase de ventajas e indulgencias, las privadas están sometidas a un verdadero cerco de dificultades y no se les otorga ayuda material ni política. Es más, al contrario, se las asfixia sistemáticamente y se les hace críticas políticas de las que precisamente el autor es el mismo Estado. Finalmente, se las amenaza con la expropiación, cosa que no sucede con las empresas del Estado que suman 65, casi todas ellas operan a pérdida o están en quiebra, no generan empleo, no aportan en forma significativa (como la privada) al PIB, etcétera.

Lo más notable de esa política discriminadora que practica el Estado Plurinacional con la empresa privada es que del total de las empresas estatales, gran parte de ellas funciona a pérdida, pese a recibir grandes ayudas.

En efecto, once de las empresas del Estado registraron pérdidas entre los años 2007-2016 por cerca de dos mil millones de bolivianos (según CEDLA). Entre ellas están EMAPA, Agencia Boliviana Espacial, Ingenio San Buenaventura, Empresa de Construcción del Ejército, Cartónbol, Siderurgia Mutún, y otras, crisis que el Estado espera solucionar, aunque algunas autoridades afirman que no se trata de problemas mayores, sino que más bien “son beneficiosas para el país”.

Volviendo al problema de la discriminación oficial en relación con el sector privado de la economía, se subraya que el sector estatal hace competencia desleal al sector privado. A tal extremo llega el problema, que se está dando muerte lenta a la empresa privada por el débil combate al contrabando, el pago del doble aguinaldo y otros factores que se aplica directamente. Se demuestra, además, que las cuatro formas de organización que propone la Constitución (comunitarismo, estatal, privado y social cooperativa) han creado una situación caótica, en la cual cada corriente lucha por su sobrevivencia y hace todo lo posible para eliminar al rival, enfrentamiento que amenaza con dar muerte a todo el organismo nacional.