Exmagistrado que habilitó a Morales continúa en carrera

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Juan Oswaldo Valencia Alvarado es uno de los 38 habilitados de un total de 53 personas que postularon al cargo de Fiscal General del Estado. El aspirante fue uno de los que firmó la sentencia constitucional 084/2017 que habilitó a Evo Morales para su repostulación en las elecciones generales del 2019.

En la sesión de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa que se desarrolló ayer y que fue de carácter público, se dio lectura a una lista de los números de inscripción de los postulantes inhabilitados y los que pasaron a la siguiente etapa de impugnaciones. Entre estos se encontraba el número que corresponde al nombre de la exautoridad del TCP. Está identificado con el código 33, que es el número de registro de inscripción.

La presidenta de la Comisión, la senadora Adriana Salvatierra indicó que tras el cruce de información con los documentos de las entidades del Estado y la verificación de los requisitos que presentaron los postulantes, existen 38 habilitados, entre ellos: 35 varones y 3 mujeres, de un total de 53 inscritos hasta el pasado 26 de agosto. Los inhabilitados son 15, de los cuales 12 son varones y tres mujeres.

HABILITADOS

Los que continúan en carrera para optar por el cargo jerárquico en el Ministerio Público están el actual fiscal departamental de La Paz Edwin Blanco Soria, el subprocurador Aimoré Álvarez, exrepresentante del Consejo de la Magistratura, Williams Dávila y el extitular de esa instancia Wilber Choque.

En esa lista también figura la juez anticorrupción y lucha contra la violencia Claudia Castro, que tiene varias denuncias por presuntas irregularidades durante su desempeño en la administración de justicia. Al igual que el proyectista del Código de Sistema Penal, Iván Lima Mágne.

En una lista preliminar de los inhabilitados, que también fue conocido en la sesión de la comisión del legislativo, estaba el exmagistrado del TCP Gualberto Cusi como uno de los imposibilitados a pasar a la siguiente etapa. Sin embargo, en la lista oficial cambio el estado de la exautoridad.

Lo mismo ocurrió con el postulante Rigoberto Paredes que era abogado de Elöd Tóásó, uno de los procesados por el caso separatista, que fue detenido por formar parte de una supuesta banda de mercenarios internacionales en un operativo en el hotel Las Américas de Santa Cruz el 2009, en el que perdieron la vida los presuntos terroristas Eduardo Rózsa-Flores.

INHABILITADOS

En el rol de los descalificados está el exministro de Gobierno Jorge Pérez Valenzuela, no presentó la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, certificación que debe ser entregado por la Contraloría General del Estado.

También se observó la postulación del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Juan Lanchipa Ponce, se tiene conocimiento que es cercano al Ministro de Justicia Héctor Arce. El vocal de la misma instancia judicial William Alave quedó inhabilitado.

El exfiscal del caso Ostreicher, Mario Uribe se quedó a medio camino. En esta lista están las postulantes mujeres Jimena Velásquez, Roxana Choque y Maria Anawela Torres.

La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa solicitó informes a cinco instancias del Estado y un ente colegiado. Los registros del Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Contraloría General del Estado, Consejo de la Magistratura, Colegio Nacional de Abogados y del Tribunal Supremo Electoral. Con estos documentos se hizo una contrastación con los requisitos que presentaron los postulantes.

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval dijo que se encontraron algunas falencias en el cruce de información de las instancias del Estado y los requisitos de los postulantes. En uno de los casos contaba con el informe del TSE dice que tiene militancia de una agrupación que ya no existe, pero en el registro del Tribunal Electoral Departamental del Beni señala que no tiene militancia partidaria.

IMPUGNACIONES

Salvatierra indicó que la etapa de impugnaciones según el cronograma del reglamento será a partir del 4 hasta el 10 de septiembres, donde la población que tenga una objeción contra las actuales postulaciones puede representar su documentación fundamentada con prueba idónea para que sea aceptada.

A la vez manifestó que los postulantes que quedaron inhabilitados también pueden objetar la decisión de la Comisión y presentar sus observaciones, aclaró que la situación de los 53 postulantes puede cambiar en esta etapa.

Sandoval advirtió que esta fase es una trampa, porque si no se presentan las objeciones con prueba idónea no son aceptadas por la Comisión. En muchos casos puede existir la posibilidad que la denuncia sea de conocimiento púbico pero no se cuente con las pruebas en contra de un determinado postulante.

DELEGACIÓN

ACADÉMICA

Por último, Salvatierra dijo que las universidad miembros del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) enviaron las listas de sus representantes ante esa instancia, para que sean analizadas y se definirá quienes participan de la fase de calificación de los postulantes.