Una de las instituciones que debería contar con mayor credibilidad en el país es el Instituto Nacional de Estadística, porque los estudios y datos que proporcione tanto al gobierno como a la actividad privada y a la colectividad en general, tienen que ajustarse a la más estricta verdad y realidad del país en todo sentido; pero, lamentablemente, no ocurre ello en los últimos diez años porque todo muestra que sus datos son acordes a lo que conviene e interesa al gobierno y no al país en su conjunto.
Esta realidad la muestran periódicamente los industriales y comerciantes agrupados en instituciones; señalan estar muy alejados de lo que sería conveniente para todos en cuestión de estadísticas. La politización de esta entidad -una de las instituciones más importantes- es tal, que sus datos no son confiables. Al respecto, la Cámara Nacional de Industrias afirmó “no confiar en los datos del INE, no solo por su dependencia ante el gobierno, sino porque su director anticipadamente hace afirmaciones sobre el posible pago del segundo aguinaldo, sino que asume posiciones políticas en vez de técnicas”. (ED 10-8-18).
El Instituto Nacional de Estadística, conjuntamente la Contraloría General de la República deberían ser las instituciones más confiables del país. Y para ello no deben ser dependencias ciegas del gobierno, sino reflejar en forma independiente, concreta, clara, transparente y verídica lo que ocurre en el país; tergiversar datos con miras a favorecer las políticas gubernamentales no hacen bien ni al Estado ni al propio gobierno que, con seguridad, al no contar con elementos estadísticos veraces, está siempre sujeto al error y ello es perjudicial para todas las actividades.
El caso de la Contraloría es diferente porque la colectividad ha dejado de conocer lo que hace e informa; pero el INE debería contrarrestar las posiciones de incredulidad y desconfianza, alejándose completamente de los intereses político-partidistas.
Cuando una entidad no obra conforme a la verdad, automáticamente se coloca en posición desconfiada y nadie, por poder que tenga, puede avalar lo que hace y dice la entidad. Por supuesto, todas las instituciones que requieren estadísticas transparentes no saben a qué atenerse porque las realidades que ellas viven están en contradicción con las estadísticas oficiales.
El Instituto Nacional de Estadística, por su propia responsabilidad, tiene la obligación de cambiar totalmente la imagen que muestra en el país y si realmente desea que el gobierno alcance índices de éxito en su gestión, con mayor razón está obligado a proporcionar datos basados en la más estricta verdad, porque el falseamiento no le hace bien a nadie y solo causa desprestigio y desconfianza.
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