Un pésimo proyecto de industrialización del litio en Bolivia

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En un reciente artículo publicado en EL DIARIO bajo el título “La carrera por el litio en el mundo”, se señala que “el país optó por la empresa alemana ACI Systems para instalar cuatro plantas de litio en el Salar de Uyuni, con una inversión de 1.328 millones de dólares, que será aportado por los dos socios del proyecto en la proporción de su participación: el Estado boliviano en un 51% y el socio alemán en un 49%. Esta apertura a la empresa privada es un paso positivo, pues compromete a este sector a seguir trabajando por el país”.

Por la importancia del tema, me veo obligado a realizar algunos comentarios. Empiezo indicando que o el autor de la nota de opinión está confundiendo las cosas o cuenta con información privilegiada no accesible al resto de la gente. Si se tratara del primer caso, urgiría una rectificación inmediata de su parte, mientras que si estuviéramos frente a la segunda eventualidad su aseveración pondría en total cuestión uno de los proyectos más publicitados por el gobierno.

Me explico. Según las noticias difundidas por las diferentes autoridades de gobierno desde abril del año en curso, el monto de 1.328 millones de dólares se refería al aporte de ACI Systems a la sociedad mixta (a ser conformada por el consorcio alemán y Yacimientos de Litio Bolivianos - YLB) en el entendido de que Bolivia ya había invertido/comprometido recursos de inversión por alrededor de 1.000 millones de dólares en el desarrollo de las plantas piloto de cloruro de potasio, carbonato de litio, material catódico y baterías de iones de litio, las plantas industriales de cloruro de potasio y carbonato de litio, así como en la construcción de toda la infraestructura constituida por el conjunto de piscinas de evaporación solar actualmente existentes en el Salar de Uyuni.

Lo que sostiene el comentarista sería algo muy diferente. Estaría diciendo en buenas cuentas dos cosas. La primera, que para que Bolivia sea socio mayoritario del nuevo emprendimiento deberá invertir más de 677 millones de dólares adicionales y, la segunda, que la inversión anterior que realizó el país no contaría en la nueva sociedad.

Al parecer, el columnista no se dio cuenta de que de concretarse el acuerdo en esos términos, la nueva sociedad mixta a crearse que, según lo establece el DS 3.627 aprobado el mes pasado, incluso ya ha obtenido un jugoso presupuesto de Bs. 21 millones del Tesoro General del Estado para sus trabajos previos, podría ser más desventajosa para el país que el propio contrato que el gobierno de Jaime Paz Zamora firmó en febrero de 1992 con FMC Corporation, más conocida en ese tiempo como ex Lithco, y que el Congreso de la República observó en julio de ese año, lo que finalmente derivó en el abandono del país por parte de la empresa estadounidense. Cabe aclarar que me he referido en otros aportes a esta problemática, poniendo de relieve mi rechazo al contrato con la ex Lithco por haberlo considerado atentatorio contra los intereses nacionales.

Pero, volvamos a nuestro ejercicio comparativo. En efecto, mientras que el “Joint Venture” con la ex Lithco suponía la concesión del 9% de los recursos más ricos de litio del Salar de Uyuni por 40 años a la transnacional a cambio de que la misma asuma el monto total de la inversión necesaria para el desarrollo del proyecto y genere impuestos para el Estado, resulta que ahora Bolivia comprometería sin límites sus recursos de litio, además de todas las inversiones mencionadas anteriormente, junto con más de $us.677 millones de dólares adicionales, a cambio de una ficticia posición mayoritaria en la nueva sociedad con una empresa que no cuenta ni con el know-how tecnológico ni la experiencia necesarios para el manejo de proyectos de litio complejos como el del Salar de Uyuni y mucho menos aún para la manufactura de cátodos o baterías en Bolivia o en cualquier parte del mundo.