Ante el reiterado interés presidencial de crear una ley contra la mentira, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) recordó que “la libertad de expresión no es una concesión de los Estados, sino un derecho fundamental; condicionamientos previos, tales como veracidad, oportunidad o imparcialidad por parte de los Estados son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales”.
La ANP exige que se cumpla la Constitución, la Ley de Imprenta y los tratados internacionales para evitar un período de oscurantismo donde se conculquen ideas, pensamientos, diversidad de opiniones y hasta la difusión de hipótesis, con un freno al desarrollo humano, tal como sucedió en la inquisición.
