Acuerdo con FMI
• Argentina afronte devaluación de su moneda
Buenos Aires.- La decisión de un fiscal de imputar al presidente argentino, Mauricio Macri, y parte de su gobierno por "abuso de autoridad", al haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sin consultar al Congreso, elevó ayer el desconcierto social con la situación económica y el futuro del país.
Según declaró a la agencia EFE el propio procurador, Jorge di Lello, su decisión de impulsar la investigación se debe a la sospecha de que la negociación del Ejecutivo con el FMI -para obtener el crédito de 50.000 millones de dólares concedido en junio pasado- se hizo "de manera irregular" por no tener autorización del Poder Legislativo.
En concreto, el fiscal se basa en la denuncia presentada por el economista y exdiputado de izquierda Claudio Lozano y el abogado Jonatan Baldiviezo, quienes en horas de la madrugada de este miércoles fueron los encargados de difundir a la prensa la resolución del Ministerio Público, que tiene como firma el 28 de agosto pasado.
CONGRESO
"Nuestra constitución establece que es el Congreso el que tiene la facultad únicamente para tomar deuda pública y para hacer convenios con organismos internacionales", contó a la agencia EFE Baldiviezo, presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Según agregó, el Gobierno basó su justificación de tomar unilateralmente la decisión de ir al FMI en que existía una ley de administración financiera de la década de 1990 que autorizaba al Ejecutivo a "realizar acuerdos con organismos internacionales de los cuales Argentina formaba parte para tomar deuda pública".
"Solo que esas delegaciones del Congreso al poder Ejecutivo caducaron en 2010. Lo que está haciendo el Gobierno es ocho años después revivir normas que habían muerto jurídicamente", concretó el abogado.
Sobre la firma con el FMI, el oficialismo ya declaró semanas atrás que no es una materia sobre la que el Congreso tenga competencia para decidir.
JUSTICIA
La investigación de Di Lello, cuyo devenir dependerá de que si el juez federal Julián Ercolini le da el visto bueno, se da en medio de las renegociaciones en Washington entre el Gobierno y el FMI para acelerar el cobro de una nueva partida de los 50.000 millones de dólares, tras la entrega de los primeros 15.000 en junio pasado.
Macri reiteró que este acuerdo es la vía para lograr salir de la "tormenta" económica que afecta al país y busca con estas nuevas conversaciones hacer frente al agravamiento de la devaluación que sufre el peso desde finales de abril pasado, que está generando grandes desequilibrios y afectando en gran medida a la inflación y a la actividad económica.
Además del jefe de Estado, el fiscal imputó al jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña; al ministro de Economía, Nicolás Dujovne; el presidente del Banco Central, Luis Caputo, y "todo aquél que el devenir de la investigación indique como partícipe o responsable".
"Considero que el análisis realizado por los denunciantes es verosímil y lógico, por lo que entiendo atinado formalizar el impulso de la acción penal y realizar las medidas de prueba que resulten útiles para esclarecer lo sucedido", añadió Di Lello en su dictamen oficial. (EFE)
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