Desprecio de las alcaldías por mayores ingresos monetarios

Desde que en gobiernos anteriores se inclinó el poder político por la participación popular, las alcaldías han tomado un rol principal en la presencia ciudadana en el país. Los recursos de la participación popular, el explosivo crecimiento de los ingresos nacionales por hidrocarburos -entre otros- fueron los resortes que proyectaron a los gobiernos municipales, ahora llamados autónomos, como una manera de frenar la migración del campo a la ciudad y conseguir que cada girón de territorio tuviese una oportunidad de crecer y desarrollarse, produciéndose la municipalización del país.

Pero, así como los impuestos de coparticipación dispararon a las entidades territoriales autónomas, como las denominadas por la ley, la baja en estos ingresos ha puesto a muchos municipios en la imposibilidad de seguir creciendo.

Sin embargo, la Constitución Política del Estado modificada a sangre y bala en el año 2009, que tiene la ambición de refundar nuestro país, fue precavida al señalar una serie de actividades que pueden ser desarrolladas por los gobiernos autónomos municipales de manera compartida con el gobierno central.

La peculiaridad de estas facultades es que la Constitución declara que la reglamentación y la ejecución son facultad privativa de las entidades territoriales autónomas, una de la cuales es el gobierno autónomo municipal.

Pese a la claridad de esta normativa, que sólo permite al Estado, a través de la Asamblea Legislativa dictar normas de carácter general y que reserva al ente territorial autónomo su reglamentación, a través de leyes municipales y su ejecución, a través de la creación de entes fiscalizadores, en los hechos y ante la supina paciencia de los alcaldes bolivianos, el gobierno central ha usurpado estas competencias en su provecho, ya que significan importantes espacios de poder y además son fuentes de ingentes ingresos, que las alcaldías desprecian por acomodo, negligencia, desconocimiento o ubicación política.

Dos de las más importantes se refieren al tema de telecomunicaciones y al juego de azar y loterías.

En ambas actividades el gobierno central ha preferido mantener el modelo creado por el gobierno del ex presidente Sánchez de Lozada, basada en los esquemas de las Superintendencias, autónomas y con alcance nacional, manteniendo vigente la de telecomunicaciones (ATT) y creando la de fiscalización del juego, entes que han sacado sus propios reglamentos, pese a carecer de competencia y se han convertido en fuentes de ingreso de gran importancia para el Tesoro del Estado, quitando esos recursos a los municipios, pese a la indigencia de muchos de ellos.

Uno de los negocios mayores que se mueve en el Estado es el de las telecomunicaciones, cuyo desempeño de acuerdo con la Constitución Política del Estado debe estar controlado por los municipios y no a nivel nacional, pues así lo dice la Constitución. Sin embargo, toda esta actividad fue monopolizada por el gobierno central, pese a las disposiciones constitucionales y al continuo lamento de los gobiernos municipales por no contar con recursos.

En el tema del juego ocurre lo mismo. No puede el gobierno central emitir más que leyes generales y tampoco puede fiscalizar o crear entidades como la autoridad del juego, que son incompetentes de acuerdo con la normativa constitucional para ejecutar emisión de licencias y ejecutar políticas de control de los juegos de azar, tarea reservada de manera exclusiva a los municipios, que al no luchar por esta competencia, desaprovechan ingresos que se generan de manera diaria, que son significativos y que permitirán muchas otras actividades en el municipio, así como alentar al desarrollo turístico, a través de la instalación de casa de juego.

El país en el que vivimos tiene muchas peculiaridades y ésta es una de ellas, pues pese a la norma, los municipios desprecian el ejercer las competencias que la propia Carta Magna les entrega y de esa manera nos perjudican, pues, en definitiva, municipios pobres por decisión propia sólo perjudican a los ciudadanos. De seguro alguien dirá que esta indiferencia municipal no es casual y que la respuesta a esta inacción hay que buscarla en los intereses privados, que son los que se encargan de poner las anteojeras a los Concejos de los municipios del país. Si esto es cierto o no, será tema de otra conversación.

El autor es profesor universitario, abogado experto en temas constitucionales.

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