La casi imposibilidad que ven las autoridades de construir cárceles modernas en el país, da lugar a que delitos y defectos tomen cuerpo y cada vez se hagan más perniciosos, abusivos y contrarios a las leyes. Este es el caso, por ejemplo, del alquiler de celdas a presos que “tienen capacidad de pagar por un celda bien ubicada y que cuente con las comodidades que permitan una estadía satisfactoria”. Lo mismo ocurre con quienes pueden comprar un espacio “cómodo, amplio, aireado, con sol, conexión de agua, etc., etc. para quien tiene dinero”.
Estos privilegios benefician no se sabe a quién, porque nadie explica a dónde van esos dineros procedentes de alquileres o venta de celdas; nadie explica tampoco por qué algunos presos tienen privilegios que se niega a la mayoría y nadie, en muchos casos, se explica cómo algunos presos tienen la facilidad de abandonar los recintos carcelarios y retornar como si estuviesen alojados en un hotel. Nadie explica por qué algunos reciben visitas en días no fijados y hasta “están autorizados a entregar sin revisión, encomiendas y encargos”; en fin, no hay explicación alguna para discriminaciones y diferencias.
Estas conductas de quienes poseen dinero y de autoridades encargadas de su custodia en los recintos carcelarios, crean diferencias, discriminaciones, protestas en la mayoría de presos que no cuentan ni con “muñeca” ni con dinero ni con abogados y jueces que podrían estar a su servicio. La cárcel está destinada a quienes han vulnerado alguna ley y al recibir la sentencia del juez respectivo (lo que pocas veces se hace) es para purgar la falta o el delito cometido, no es para pasar un tiempo de vacaciones y menos para gozar de privilegios que crean graves problemas entre los demás integrantes del recinto carcelario. Crea estas costumbres la presencia de corrupción en funcionarios, ya que “por dinero, hasta el mono baila”, como dice una sentencia popular.
Decir que “no se puede construir cárceles modelo por falta de dinero” no tiene razón porque hay casos -como el del Panóptico Nacional o Cárcel de San Pedro en La Paz- cuya venta daría para cubrir la construcción y debido equipamiento de varias cárceles. Con seguridad, ocurre lo mismo con otros recintos que hay en el interior. Esto implica que no siempre el gobierno, en nombre del Estado, tendría que cubrir mayores presupuestos para contar con cárceles modelo y que, a la vez, no permitan que familias ocupen dependencias y menos para alquilar espacios o, en extremo, venderlos a presos con posibilidades.
El gobierno, dadas las muchas experiencias recogidas en los últimos años, debería planificar la construcción de modernos recintos carcelarios; no hacerlo implicará que muchos delitos queden en la impunidad porque “personajes presos” sentarán las bases para privilegios que no corresponden.
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