De paraíso terrenal a paraíso de la ilegalidad

Hace pocos días estuve en la ciudad de Sorata, capital de la primera sección de la provincia Larecaja y por mucho esfuerzo mental que hice, no logré imaginar que ese lugar de impar belleza natural, pudo ser en tiempos remotos el “paraíso terrenal”, a decir del célebre filólogo Emeterio Villamil de Rada. Contemplar la imponente montaña, techo del macizo andino, que celosa la custodia, tampoco fue suficiente para soñar que un día Adán y Eva estuvieron allí pisando su suelo y desafiando la orden de su Señor.

Es que si quien visita esa tierra de prodigio –dicen- bíblico, se solaza de sus montes, de sus ríos, y sus ojos disfrutan de la hermosura de sus bosques, vertientes y pastos, no puede entender que sobre sus calles, hablando de lo urbano y sus polvorientos caminos, ya en lo rural, no haya autoridad alguna que ponga freno a la anarquía administrativa y desgobierno fiscal que imperan en ese municipio.

Tal vez, ante la necesidad de preservar la integridad física, uno tuviera que eludir incontables motorizados que sin consideración con los centenares de transeúntes que circulan sus vías, pensaría que el intenso comercio que Sorata tiene, es causa de ese desfile de fierros, pero comprobar que casi ninguno tiene una placa de control, obligatoria por disposiciones de Tránsito y municipales, uno cree que ese lugar es ahora el paraíso del contrabando. Y surgen muchas preguntas: ¿de qué privilegios gozan todos esos contrabandistas o, cuando menos “propietarios” de vehículos que al carecer de una placa de control, carecen del título más precario que les permita demostrar no solo esa condición, sino y sobre todo, de ostentar un bien mueble sujeto a registro como los define el Código Civil? ¿Dónde están las autoridades de la Aduana Nacional que pregonan una frontal lucha contra el contrabando? ¿Es que realmente debemos creer que el Estado Plurinacional tiene tanto dinero que no le importa que en sus propias narices esté campeando la marginalidad? ¿Qué, ante la eventualidad de accidentes, cuya responsabilidad civil y penal de quienes conducen esos vehículos, pueden no existir, en tanto la existencia física de esos autos ilegales, no está reflejada en un registro público?

En verdad es un paraíso para quienes de forma impune, conducen esos centenares de vehículos sobre los que el Estado hace la vista gorda porque prefiere no crearse conflictos con un segmento de la sociedad que llega a varios miles, y en consecuencia la Aduana Nacional, los Gobiernos Municipales, tanto de Sorata como de muchos otros municipios del departamento, como Coroico y Caranavi, solo por citar los más visibles, las autoridades policiales y la propia Agencia Nacional de Hidrocarburos, se constituyen en cómplices de una irregularidad que no solo priva de ingresos a las arcas del Estado, sino que además esos vehículos contribuyen a otras actividades ilícitas como la explotación ilegal de oro provenientes de minas próximas a la tierra de Bautista Saavedra. Esa calidad de motorizados, es decir de simples muebles, sin ningún título, obteniendo gasolina sin que las estaciones exijan su registro en el sistema B-SISA que les prohíbe proveer de combustible a quienes no exhiban la roseta respectiva, importa que el Estado además sea cómplice de los delitos con los que el contrabando tiene una natural asociación, como el narcotráfico; actividad que es secreto a voces entre los pobladores. Pero todavía más: la dejadez de las autoridades ocasiona que esos “chutos”, como el vulgo los denomina, sean mecanismos de contaminación letales para el organismo humano por la emisión de gases tóxicos que emanan y respecto a los que nadie les exige una revisión técnica. En Sorata, donde la afabilidad de sus gentes es cautivadora, existe una colisión entre lo paisajístico-natural, con la desidia de sus autoridades que degradan a la perla andina.

El autor es jurista y escritor.