El segundo aguinaldo se estableció el año 2013 como premio a la productividad de las clases asalariadas, decretando además que se pagaría cada vez que el crecimiento anual del PIB fuera superior al 4.5%. En ese entonces la economía del país estaba en auge con un crecimiento por encima del 5% y se proyectaba un incremento mayor del PIB para los próximos años. Se tenía un superávit fiscal o un déficit razonable; una balanza comercial favorable; las reservas internacionales netas alcanzaban a 15 mil millones; era una economía pujante.
El crecimiento del país ha ido cayendo a niveles cercanos al 4% del PIB, con un déficit fiscal muy alto del 8% y una balanza comercial negativa desfavorable. Las reservas internacionales bajaron a 9 mil millones y la deuda externa se elevó hasta cerca de 9.000 millones de dólares.
La desaceleración económica se ha producido en toda América Latina y Bolivia no estuvo al margen, por la caída del precio del petróleo, los commodities y la minería.
Como podemos observar en el Informe de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la política salarial del Gobierno ha sido de constante incremento salarial por encima de la inflación, sin considerar un esquema balanceado. Tampoco se tomó en cuenta las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, donde deben participar las tres partes, Gobierno, empresa y los trabajadores. No es correcto vincular el crecimiento del PIB con una obligación laboral. Los empresarios tendrían que pagar, si se da el segundo aguinaldo, 16 sueldos con prima de utilidades.
Se estima que más del 60% de la economía nacional es informal y en ese sentido la estructura económica del país es en extremo desigual en cuanto a la generación de ingresos y empleos de los diferentes sectores. Otro aspecto importante es que debe haber un trato salarial igual para los trabajadores del sector público y privado. En el pasado varias empresas estatales no pagaron el doble aguinaldo y tampoco se canceló en algunos sectores del gobierno central.
El Producto Interno Bruto es todo lo que produce un país en bienes y servicios en un periodo determinado. El año base para el cálculo del PIB en nuestro país data de hace 28 años (1990). Se considera que debe actualizarse el año base, así como las cuentas nacionales y el insumo producto. Otro tema que debe analizarse es el índice de precios (deflactores), utilizados para estimular el PIB, impulsando el crecimiento. También se debe ver el tema inversión, como lo establece el Instituto Nacional de Estadística, que señala que invertir hoy es más barato que en los años anteriores y parece contradictorio.
La problemática del sector empresarial privado debe ser atendida por las autoridades gubernamentales de turno para que la iniciativa del sector privado tenga crecimiento y acompañe los esfuerzos estatales.
Como lo demuestran estadísticas oficiales, entre el 2000 y el 2016 el promedio del pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE) estuvo centrado en siete de los 32 sectores presentes en la actividad económica, que generaron las 2/3 partes de esta obligación impositiva. Estos sectores fueron: el dedicado a la extracción del petróleo crudo y gas natural, el de comercio, los servicios financieros, la explotación de minerales metálicos y no metálicos, el de bebidas, de las comunicaciones y la de servicios a las empresas.
Se puede afirmar, con certeza, que algunos sectores podrán crecer a más del 4,5%, la cifra fijada por las autoridades para el pago de esta nueva obligación, pero muchos otros no lo harán y también habrá otros que lleguen a decrecer.
La realidad del sector privado nacional es variada, tanto por actividad como por regiones. Este hecho incontrastable tendría que ser motivo suficiente para que el gobierno muestre una actitud coherente en el momento de disponer el pago de un segundo aguinaldo este 2018.
Nuestro país, lo señala un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, tiene uno de los mayores aumentos en la imposición tributaria a la renta, utilidades y ganancias de capital de América Latina y el Caribe. La Banca paga más del 50% de impuestos de utilidades, se constituye en el más alto del mundo. Esto, sumado a la discrecional política salarial hace que la empresa privada nacional sea cada vez menos competitiva y que muchas opten por pasarse a la informalidad, con los consiguientes perjuicios para el propio Estado por la reducción de recaudaciones tributarias.
El autor es Economista, licenciado en la UMSA, con Post Grado; Doctorado Ph.D en Relaciones Internacionales de la Universidad del Salvador de Argentina y Académico de Número de la ABCE (Academia Boliviana de Ciencias Económicas).
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