Corrupción mala y buena según color político

En nuestro medio, la corrupción es un mal endémico y muy extendido. Se deja ver en lo grande y en lo chico, pero sobre todo anida en las entrañas del Estado, entendiendo por éste no solo al Gobierno Central sino a las alcaldías y gobernaciones. Por supuesto que las descentralizadas e instituciones y empresas públicas son enorme parte de la pandemia. Tampoco salen bien libradas las Fuerzas Armadas ni la Policía.

La corrupción es un fenómeno que bien puede llamarse de la “modernidad” intranacional. Moros y cristianos repiten la letanía de que “siempre fue así” en nuestra historia, no obstante no es así. El vicio de la corrupción sobrevino a partir de la segunda mitad del siglo pasado (XX) y, lo peor, como formando parte del esquema natural del comportamiento. Si se ve bien la verdad, otrora no fue la tónica de los gobernantes y de los hombres públicos. Muchos expresidentes del pasado murieron en la pobreza y se puede citar varios ejemplos que el espacio no permite.

Como la corrupción goza de muchos encubridores, se desconoce seguramente la mayoría de sus latrocinios. Uno de estos casos que ha saltado a la luz pública es el del Concejo Municipal de Santa Cruz, por la adquisición de bandas distintivas de su uso y por 120 banderas. Los dos negociados significan más 100.000 bolivianos. Los sobreprecios son estimados en por lo menos el triple del costo corriente en el mercado. Tal sobreprecio lo denunció el concejal Johnny Fernández -independiente de los aliados del alcalde-, y criticó que nueve funcionarios de bajo rango fueron suspendidos, sin investigar a los “altos mandos” del Concejo.

Además denunció la contratación repetida (6 veces), con una empresa unipersonal para el mantenimiento de las fuentes de la ciudad. Desde el 2014, increíblemente, se viene pagando a la fecha 17 millones de bolivianos. Anoticiado el alcalde Percy Fernández, denominó “pichangas” a estos ilícitos. Peor aún es la cesión de la alcaldía cruceña de los espacios publicitarios o vallas a unos privados y, sin embargo, paga por el alquiler de los mismos espacios 12 millones de bolivianos. Estas denuncias merecen una condigna investigación y sanción.

Las alcaldías de Cochabamba y Oruro confrontan graves denuncias por sobreprecios en la compra de mochilas a fabricantes chinos. La primera acaba de ser objeto de otra denuncia por cámaras de seguridad, alcanzando una suma impresionante. El Órgano Ejecutivo es ágil en seguir procesos a los alcaldes opositores (no es el caso del edil orureño), pero es ciego en relación con las alcaldías que el MAS detenta.

Los seguidores del alcalde Leyes de Cochabamba deberían concretarse a exigir un juicio justo, sin asumir una defensa política junto a su pretensión de que vuelva a sus funciones. Con ese proceder parecieran defender actos dudosos, sino culpables, accionando en ese sentido por tratarse de un conmilitón de su grupo político. En síntesis, se deduce que la corrupción de los adversarios es mala, pero si es propia es buena. Por ese camino el país está condenado a padecer los turnos de la corruptela, hoy de unos y mañana de otros. Bajo esta lógica perversa no habrá redención posible y seguiremos hundidos en el lodo moral y administrativo.