Conflicto cocalero y erradicación de cocales

Desde principios de la década de los años 60, ha habido muchos conflictos por la producción de hojas de coca; pero, en todo caso, se incrementó debido a las medidas del 29 de agosto de 1985, cuando mineros despedidos de las minas, bajo el sistema de relocalización, que no siempre fue efectivo, con el producto de sus beneficios sociales adquirieron tierras en las regiones del Chapare cochabambino y sitios como Sacaba. Ellos, ante la falta de trabajo, se vieron obligados a cultivar coca, debido a sus altos precios y una producción mínima de dos o tres cosechas al año.

Nadie podría decir que los campesinos y ex-mineros dedicados al cultivo de coca lo han hecho con la seguridad y conciencia de que ello era fundamental para la producción de droga; lo hicieron con la certeza de que esa producción estaba destinada al consumo de las áreas campesinas y para usos tradicionales de la población; pero el narcotráfico se encargó de dar a la coca su verdadero valor y razón de ser para fabricar pasta base y cocaína, que tiene altos precios en el mercado internacional. Estas acciones han dado lugar a que cuando se pretendió controlar la producción e imponer erradicación a la producción mayor a la fijada por la ley 1.008, aprobada en el año 1988, surgieran conflictos de toda índole, con el aditamento de víctimas, a las que, como en recientes conflictos en la región yungueña, en el norte de La Paz, se suman tres muertos más.

Lo grave de este problema, al margen de las víctimas entre los cocaleros y una de la Policía, es que los cocaleros reclaman por la discriminación por parte de las autoridades en relación con productores del Chapare. Los cocaleros de La Asunta, en los Yungas, reclaman por las políticas discriminatorias y sus reclamos ante el gobierno han adquirido cada vez más seriedad y gravedad; pero las autoridades han sostenido que toda producción excedentaria será erradicada.

Lo cierto es que, efectivamente, toda producción excedentaria debería ser erradicada; pero las experiencias muestran que el Chapare y regiones similares de Cochabamba lo que producen es “coca amarga y dura”, que solo sirve para fabricar droga; para el consumo campesino en la misma región cochabambina se utiliza la coca de los Yungas, por ser “suave y dulce”. Esto determina que buena parte de esos cultivos yungueños sea destinada al consumo tradicional y, el resto, conforme a ley, debe ser erradicado; pero los procedimientos no han convencido a los productores que, por las medidas duras de las autoridades, han mostrado serias discrepancias, hasta el extremo de haberse causado tres muertes, varios heridos y el apresamiento del dirigente de Adepcoca. Hoy, gobierno y cocaleros se ven enfrentados y nadie da “brazo a torcer” para solucionar el grave problema que, en cualquier caso, debe encontrar los mejores remedios, disponiéndose que toda la coca chapareña sea erradicada y también toda la producción excedentaria de los Yungas, dando lugar, además, a que se evite más conflictos y las partes contribuyan a que la erradicación sea conforme a ley; de otro modo, continuará una mayor producción, incluida en la región del Tipnis, parque nacional que no debió ser invadido por los cocaleros y menos que se produzca droga. En todo caso, lo importante es que se respete y considere los derechos humanos de los cocaleros y sus familias, que las fuerzas represoras de los conflictos eviten los extremos y que, en todo caso, se cumpla con las leyes combatiendo debida y oportunamente la producción excedentaria de coca y su derivación, como es la producción de droga que es letal para la humanidad.