Sólo 11 de 40 no son del MAS

De un total de 40 postulantes habilitados en la primera etapa del proceso de elección del nuevo Fiscal General del Estado, que está a cargo de la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa, solo 11 de ellos no son funcionarios públicos ni tienen alguna afinidad con el actual Gobierno. Además que no fueron objetados durante la fase de impugnaciones.

En este grupo, las postulantes María del Carmen Murray Riveros y Susan Wilma Durán Vélez son las únicas mujeres dentro de la lista, los nueve restantes de los aspirantes son varones y se destacan por no tener ni una sola observación que empañe su hoja de vida, hasta el momento. Los otro 29 postulantes fueron impugnados por terceras personas o son servidores públicos.

Dentro de la lista también destacan José Olegario Atiare Salazar, Guido Gabriel Balboa Castro, David Baptista Velásquez, José Luis Dávalos Rivadeneira, Jerjes Enrique Justiniano Atala, Leandro Lafuente Fernández, Roger Rider Mariaca Montenegro, Rigoberto Paredes Ayllón y Cesar Johnny Salinas Otalora.

CAUTOS

La diputada de Unidad Demócrata (UD), Rose Marie Sandoval, si bien destacó a estos profesionales, pero es cauta a la hora de indicar que pueden ser los más idóneos, ya que aún hace falta contar con los resultados del proceso de evaluación al que son sometidos por la Comisión Mixta del Legislativo.

Este criterio también fue compartido por su colega Wilson Santamaría que prefirió esperar hasta la conclusión del examen escrito para tener una postura. Además advirtió que es posible que puedan ser perjudicados por el oficialismo para evitar que lleguen hasta la última fase del proceso de elección.

La Comisión cerró la etapa de inscripción con 53 postulantes, de los cuales 13 quedaron inhabilitados de forma definitiva, tres fueron depurados por el incumplimiento de requisitos y en el caso del resto de los profesionales fueron impugnadas sus candidaturas por tener procesos penales en su contra.

Este proceso fue criticado por los legisladores de la oposición, ya que la mayoría de los aspirantes tiene cercanía con el partido oficialista, lo cual pone en duda que la Fiscalía General del Estado sea manejada por el poder político y se use como una herramienta para la persecución política y poyar la repostulación de Evo Morales.

IMPUGNADOS

La comisión recibió un total de 53 inscritos, 6 mujeres y 47 varones. En la revisión de requisitos 15 juristas quedaron depurados temporalmente por no contar con todos los documentos que exige el reglamento. Entre estos se encontraba Jorge Pérez, William Alave, Juan Lanchipa y otros.

Durante siete días se abrió la fase de impugnación, donde se presentaron 58 observaciones dirigidas a 19 de un total de 38 postulantes que quedaron habilitados. El diputado Rafael Quispe impugnó al fiscal departamental Edwin blanco, quien también fue uno de los más objetados. Incluso un grupo de mujeres ingresó a la sesión de la comisión para pedir que lo depuren porque tiene denuncias de violencia intrafamiliar.

El exmagistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Gualberto Cusi presentó su postulación pero fue inhabilitado porque tiene una sentencia por el juicio de responsabilidades que le inició la asamblea legislativa por la suspensión de la Ley del Notariado en el 2016.

A criterio de su abogado, William Bascopé, el proceso en su contra fue porque no respaldó la pretensión de Evo Morales para continuar en el poder a pesar de los resultados del referéndum del 21 de febrero.

Sin embargo, no pasó lo mismo con el exvocal del TCP Oswaldo Valencia que firmó la resolución constitucional que habilitó la repostulación de Evo Morales. El diputado de UD Wilson Santamaría presentó una impugnación en su contra pero esta no fue tomada en cuenta por los legisladores del oficialismo.

REHABILITADOS

Los 15 inhabilitados en la primera etapa del proceso de selección de fiscal también tenían la posibilidad de observar la decisión de la Comisión del Legislativo. De este total, 12 resolvieron las impugnaciones pero solo 5 fueron repuestos para continuar en la carrera para ser el próximo fiscal.

Con el respaldo mayoritario de los asambleístas del MAS, los que retornaron a postular son el exministro de Gobierno, Jorge Pérez; Luciano Negrete Aguirre, Fausto Lanchipa Ponce, Silvano Colque Arancibia y William Alave Laura.

PERCEPCIONES

EL DIARIO se contactó con tres de los once postulantes que no tienen antecedentes de ninguna índole, se les consultó si son militantes de algún partido político y los tres respondieron que no son integrantes de ninguna tienda partidaria.

Además, advirtieron que el cargo de Fiscal General debe estar desmarcado de la injerencia política porque se trata de garantizar la defensa de los derechos de la población.

Los abogados Rigoberto Paredes y Leandro Lafuente afirmaron que desempeñaron funciones en la profesión libre, que hasta el momento no fueron parte de alguna institución del Estado. Hecho que los animó a ser parte de esta convocatoria.

Paredes tiene 18 años de experiencia en el área penal, realizó una maestría en esa área en la universidad de Nueva York de Estados Unidos. Considera que esos conocimientos pueden aportar para mejorar la administración del ministerio público que aún trabaja en condiciones precarias, a comparación de otros países donde se implementaron herramientas tecnológicas para mejorar el trabajo de esa instancia.

Lafuente resaltó que una de las mayores deficiencias del Ministerio Público es la carga procesal con la que deben luchar todos los días. A su criterio esto debe ser resuelto con la designación de mayor personal y la implementación de una mejor infraestructura.

“Según las estadísticas demuestran que las fiscalías corporativas manejan alrededor de 1.500 a 1.600 casos. En cada unidad son tres fiscales, eso quiere decir que se debe manejar entre 5 a 6 procesos por día que mucho de ellos están archivados por falta de investigación”, cuestionó.

César Salinas, que trabajó hasta el 2011 en el Ministerio Público fue otro de los entrevistados por el Decano de la Prensa Nacional, manifestó que existe un monopolio de la persecución penal que tiene el estado a través del Ministerio Público que debe ser cambiado. Además que los sectores más vulnerables de la sociedad son revictimizados por los fiscales.

“También hay que trabajar la parte preventiva porque los delitos se pueden prevenir desde muy temprana edad y hay varios detalles que se deben trabajar. Lo que más preocupa es que hay una población vulnerable que no son atendidas ni cuentan con la protección adecuada a pesar de que las normas lo establecen”, lamentó.