Ante comunidad internacional
• La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) registró 481 muertos por represiones gubernamentales
Managua.- La Organización no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh) anunció ayer que se realizará una gira internacional para denunciar "los abusos a las garantías legales" que ocurren en Nicaragua hacia las personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega.
La gira, que iniciará con un encuentro del secretario ejecutivo de la ANPDH, Álvaro Leiva, con la Alta Comisionada de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en Ginebra, se extenderá "por países altamente comprometidos con los derechos humanos", informó la organización en un comunicado.
Leiva tenía previsto reunirse con Bachelet la semana pasada, pero no lo logró por falta de recursos económicos.
La agencia EFE reflejó que Leiva, quien debió huir hacia Costa Rica por amenazas a su vida, podrá iniciar la gira en las próximas semanas, luego de que nicaragüenses comprometidos con los derechos humanos realizaran donaciones para el viaje, detalló la Anpdh.
DERECHOS HUMANOS
El activista pedirá "solidaridad y compromiso de los derechos humanos de los nicaragüenses, que son universales, para que en un plazo muy cercano se restablezca en Nicaragua la paz social", indicó la organización, que no dijo los países incluidos en la gira.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual. La lista de la Anpdh suma 481 muertos desde abril.
Ortega negó toda responsabilidad y sostiene que es víctima de un intento de "golpe de Estado", reportó la agencia EFE.
Las manifestaciones contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder.
VIOLACIÓN DE DERECHOS
Violando el derecho a la presunción de inocencia de los detenidos, la Policía Nacional presentó a Carlos Valle, quien llevaba varios meses demandando justicia para su hija presa, como “terrorista golpista” por haber golpeado a un sujeto el pasado 15 de septiembre durante la marcha Juntos Somos Patria, informó La Prensa.
El mismo día Valle fue detenido cerca del mercado Roberto Huembes, ahí una patrulla policial lo interceptó y sin dar explicación los oficiales lo subieron por la fuerza al vehículo.
Horas antes de la captura, en el paso a desnivel de la colonia Centroamérica, un sujeto no identificado se estacionó junto a un grupo de antimotines y le gritaba a Valle que su hija Elsa era “una vaga”, insultos que hicieron enojar a Valle y le propinó un golpe al motociclista.
Según el diario nicaragüense, horas antes de que la Policía presentara a Carlos Valle como terrorista, su esposa Rebeca Montenegro recurrió ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), para denunciar la detención arbitraria de su cónyuge.
Montenegro relató en la CPDH que tanto ella como su marido fueron golpeados por la Policía Nacional en momentos del arresto. A ella, uno de los policías le propinó dos culatazos en la espalda.
FAMILIAR
Ella aclaró que de forma voluntaria se subió a la patrulla policial para saber a dónde trasladaban a su esposo. Mientras Valle recuerda iba con la boca ensangrentada y hubo un momento en que un policía llegó accionar el arma de fuego para intimidarlos.
Es por este motivo que Montenegro dijo que solicitará un examen para su hijo David, quien aseguró que durante las horas de detención en El Chipote le dieron un vaso de agua la que sintió pesada y de inmediato le provocó dolor de estómago y en la cabeza y sus extremidades pesadas.
El hijo de Valle escuchó cuando en el Distrito Cinco de la Policía adonde lo condujeron inicialmente una oficial dijo a otro que llamaran al “secretario” que allí estaba Carlos Valle. Esto le lleva a pensar que se refería al secretario político del partido oficialista al que se refería la agente policial.
PROCESOS
El Nuevo Diario publicó que al menos 24 jóvenes integrantes del Movimiento 19 de Abril, de distintos municipios de Nicaragua, están encarcelados a la espera de juicio o ya están siendo procesados. La mayoría son estudiantes menores de 30 años, a quienes la Policía señala de “terroristas” y les imputa entre cuatro y ocho delitos, por los que podrían recibir sentencias de entre 31 y 68 años de cárcel.
El pasado martes fue acusado en los juzgados de Managua el dirigente del Movimiento Estudiantil 19 de Abril en Managua, Edwin Carcache, uno de los rostros más visibles de las protestas en la capital, miembro de la Alianza Cívica y a quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares que deberían obligar a las autoridades a brindarle protección.
Junto a Carcache, de 27 años, fueron acusados sus compañeros Carlos Lacayo (30), Jonathan Lacayo (23), Jefferson Padilla Rivera y Óscar Rosales Sánchez. A ellos les atribuyen los delitos de terrorismo, entorpecimiento de servicios públicos, robo agravado, facilitación de evasión (fuga de reo), portación ilegal de armas, tentativa de homicidio e incendio. De ser declarados culpables, la sumatoria de penas totalizaría 44 años de cárcel. (EFE - Agencias)
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