Caso bebé Alexander
• “Unas (personas) son abogados y otros no, pero tiene injerencia de poder”, apuntó el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Isrrael Centellas
La investigación integral sobre el denominado caso “bebé Alexander” podría empezar por investigar a todas las personas que se mencionan en el audio atribuido a la presidente del Juzgado Décimo de Sentencia, Patricia Pacajes, y todos los aspectos que emergieron a partir de este nuevo escenario en la investigación, como la trayectoria de las autoridades, afirmó el presidente del Colegio de Abogados de La Paz, Israel Centellas.
En criterio del jurista, según el audio varias personas estarían involucradas en temas específicos de injerencia en la administración de justicia y en la misma investigación del caso, por lo que de darse una investigación integral podría extenderse a otras personas. “Unos son abogados y otros no, pero tiene injerencia de poder”, apuntó.
En este sentido afirmó que más allá de enviar, o no, a la cárcel a determinadas personas este caso pone en dramática evidencia la necesidad de cambios de fondo en el sistema judicial.
Al inicio del revelador audio se menciona que la médico forense Angela Mora, de quien el audio refiere que estaría emparejada con el fiscal general, Ramiro Guerrero, ratifica su informe de violación al menor sobre la base de afirmaciones del médico pediatra y la enfermera del Hospital Juan XXIII.
En el transcurso de las investigaciones, dan cuenta de la presencia de las exministras de Justicia, Virginia Velasco, también de Sandra Velasco, además del exgobernador de La Paz, Cécar Cocarico, por cuya presión política hubiera dejado el cargo la exfiscal de Distrito Patricia Santos.
El nuevo curso que debiera seguir el caso, a partir de la presencia de autoridades políticas, también señala responsabilidad en el fiscal general, Ramiro Guerrero, quien hubiera exigido identificar un culpable, según los datos emergentes del mismo audio, para proteger a Ángela Mora, a quien se le atribuye la valoración forense errada.
En este contexto, los fiscales Susana Boyán y Edwin Blanco hubieran articulado toda la trama para forzar responsabilidad en el médico Jhiery Fernández, por lo que ambos fiscales aún en ejercicio también conocían de la inocencia del galeno. Con relación a la participación de la fiscal Susana Boyán, a quien los demandantes atribuyen amenazas y presiones contra los testigos presentados por la defensa, las autoridades aún no se pronunciaron, mientras que el fiscal de Distrito aún postula al cargo de Fiscal General del Estado.
En esta misma línea de buscar un culpable, y no la verdad de los hechos, tal como reclama el médico Jhiery Fernández, la juez Patricia Pacajes junto a los jueces técnicos Gladys Guerrero Jarandilla y Roberto Mérida también conocen de la injusta sentencia.
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