Reconoce injusta sentencia

El médico Jhery Fernández sentenciado sin pruebas a 20 años de cárcel por supuesta violación al niño Alexander de solo meses de vida el año 2014, es una nueva y grave evidencia de que la totalidad del aparato de la Justicia es una Espada de Damocles sobre la cabeza de todos los bolivianos, en lugar de ser una garantía de sus derechos y seguridad. Como en este caso, nadie está libre de sufrir una condena por jueces y fiscales prestos a satisfacer los intereses o las más bajas pasiones de sus superiores o del poder político, que a ejercer sus funciones con probidad y justicia.

En este estado de cosas que no es nuevo, el hombre o mujer más inocentes pueden acabar en prisión por años o de por vida, si no satisfacen el chantaje que se les impone -nunca mejor empleada la palabra chantaje- por la administración de Justicia. Jueces y fiscales vienen demostrando cotidianamente que prefieren incurrir en las peores aberraciones judiciales antes que perder sus cargos, fuente no solo de seguridad laboral, sino, antes que nada, por sus posibilidades de enriquecimiento por extorsión o abuso.

Este írrito proceso tiene origen en una autopsia errada, la cual atribuye a violación el deceso de la criatura; autopsia basada en el sangrado anal del infante según suscriben los médicos forenses Yarmila Mora y Cristian Vargas. Este informe ha sido tachado por sendas conclusiones a cargo de acreditadas entidades privadas de autopsia y asimismo por la necropsia practicada, además, por supuesto, de los testimonios del personal dependiente de la guardería pública donde se ha albergado el niño y de los nosocomios a los que se recurrió el día del fallecimiento. Muchas de esas personas guardan detención preventiva y otras en sus domicilios, y todas cargan irreparables perjuicios personales y profesionales.

A fin de resguardar a los señalados forenses, el Ministerio Público desde el fiscal General Ramiro Guerrero, el fiscal de Distrito de La Paz Edwin Blanco, la fiscal Susana Boyán y otros, asumieron la condena del médico Fernández contra viento y marea. Se dice que prevalecieron cierto tipo de relaciones de la galena Mora con alguna alta autoridad concernida al caso.

El ministro de Justicia, Héctor Arce, ha instruido al Consejo de la Magistratura una investigación, a la cual no se le asigna efectividad por tratarse de un organismo timorato, además del infaltable espíritu de cuerpo en estas situaciones. La investigación debía ser encargada a un equipo especializado no público, asesorado por especialistas del exterior a fin de darle credibilidad.

Tan es así, que el Consejo de la Magistratura aún mantiene en el cargo -por lo menos hasta el momento- a la juez Patricia Pacajes, quien pronunció la sentencia de 20 años contra Fernández, no obstante que ésta reconoce en un audio que se le atribuye, la condena sin pruebas del nombrado facultativo.