Crisis institucional del Estado

Una de las definiciones más sencillas del Estado es que es: “la sociedad organizada política y jurídicamente”, es decir sujeta al poder y a la ley. El poder del Estado es una sus características, pues no hay Estado sin poder y quien ejerce este poder es el gobierno, que debe ser elegido por el pueblo, de acuerdo con la ideología liberal que emergió de las revoluciones norteamericana de 1776 y francesa de 1789.

La característica de organización jurídica arranca también del concepto de “estado de derecho”, es decir que en el Estado todos, gobernantes y gobernados, deben estar sometidos al cumplimiento estricto de la ley, de donde estos dos elementos: soberanía popular para elegir a los gobernantes y sujeción a la ley, hacen al régimen democrático.

Además el Estado es una institución de instituciones, institución porque reúne las condiciones de toda institución: comunidad de individuos, fines concretos, sujeción a normas, y con autoridades. La primera está conformada por la totalidad de la población, la segunda es el “bien común”, la tercera el ordenamiento jurídico a partir de la Constitución, y la última con autoridades elegidas y designadas. A su vez, en el interior del Estado están miles de instituciones públicas y privadas.

Desde la primitiva tribu al Estado moderno, se ha producido un desarrollo histórico extraordinario, y hoy el Estado en su complejidad debe tener instituciones sólidas que cumplan sus fines establecidos en las normas. Si esto no sucede, como ahora en nuestro país, estamos en un cuadro de crisis institucional, es decir que las instituciones -en especial las públicas- se han apartado de sus fines y legalidad.

Lo que sucede es que el régimen populista que nos gobierna por dos sexenios seguidos, por su política de hegemonía, controla todos los órganos o poderes del Estado (que deberían ser independientes unos de otros), incumple las normas legales y los gobernantes se han puesto por encima de la ley (la Constitución y leyes inferiores), además que toda la normatividad para el buen desempeño del aparato administrativo del Estado ha sido dejado de lado, desde las normas de administración y control fiscal, hasta las de reclutamiento de personal, lo que ha determinado una deficiente gestión pública, exceso de gasto corriente, despilfarro en obras públicas y de servicio, corrupción escandalosa, injusticia, ausencia de políticas de salud y educación y en general el partidismo político negativo.

Cuando se produce algún incidente, como el error médico en el servicio de salud, la condena injusta de un inocente, el descubrimiento fortuito de un hecho de corrupción, etc., algunos asambleístas del oficialismo inmediatamente proponen elaborar leyes draconianas, cuando estamos saturados de gran cantidad de leyes de todo tipo y para todo, la mayoría inconstitucionales, que vulneran derechos humanos, y hasta mal redactadas y con yerros gramaticales, cuando lo importante es: tener pocas normas, pero de cumplimiento estricto y no muchas, pero que no se cumplen, y agregamos: comenzando por las autoridades que administran el Estado.

Para enfrentar los males de nuestra sociedad, es necesaria una sólida formación y educación en valores, un estricto apego al cumplimiento de las leyes, la institucionalización del Estado y fundamentalmente un amor a la Patria que haga posible hasta un renunciamiento al ejercicio del poder y sus goces, como lo demostraron, en algún momento de la historia pasada, ex presidentes como Hernán Siles Zuazo, Guido Vildoso Calderón y Carlos Mesa Gisbert, que prefirieron dejar el poder y evitar la división y el enfrentamiento entre bolivianos.

El autor es abogado y politólogo.