Justicia no aplica presunción de inocencia

La directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Emma Bolshia Bravo Cladera, manifestó que la justicia boliviana, en su práctica, pareciera desconocer el principio de presunción de inocencia. Dicho principio – dijo - es un Derecho Humano también dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE). Desde hace varios años esta institución realiza seguimiento al desempeño del sistema de justicia boliviano.

“La aparente omisión que hace la justicia nacional de un Derecho Humano tan significativo como la presunción de inocencia, inevitablemente acarrea graves consecuencias psíquicas en las personas afectadas. Desde casos de angustia y depresión por haber sido condenados con evidencias insuficientes, hasta casos que dan cuenta de pasajes al acto, donde se ejerce violencia contra otros o contra uno mismo.

A su vez, tales condenas tienen graves consecuencias psicosociales y de índole económica.

La presunción de culpabilidad afecta no sólo al condenado, sino también a su entorno familiar que, en algunos casos, puede llegar a presentar síntomas psicológicos similares a los del acusado”, puntualizó.

PRESUNCIÓN DE CULPABILIDAD

Bravo explicó que una considerable cantidad de casos a los que el ITEI hace seguimiento dan cuenta que en el sistema de justicia boliviana predomina la presunción de culpabilidad y la detención preventiva (ambas directamente relacionadas).

“Por lo general, apenas se acusa a la persona se la declara culpable. Es un procedimiento poco ortodoxo el que realiza la justicia. Por decir poco. Aún con escasas evidencias los acusados son privados de libertad en recintos penitenciarios donde se trata de hacerles confesar, ya sea con la promesa de una recompensa en el juicio abreviado, o con métodos más hostiles. Al mismo tiempo, se buscan pruebas de su culpabilidad cuando tales pruebas tendrían que haber sido encontradas con el debido rigor profesional y científico, antes de la detención”, lamentó.

Aseveró que en reiteradas ocasiones, se ha llegado a la sentencia no en base a evidencias científicas, sino por efecto directo de las declaraciones emitidas por testigos que no son del todo fiables.

En el caso particular del médico Jhiery Fernández condenado a 20 años de cárcel a pesar de las dudosas investigaciones, tanto el ITEI como EL DIARIO, mediante innumerables publicaciones, suficientemente documentadas, corroboraron que la investigación previa a su detención no fue rigurosa y que tras su detención tampoco se encontró prueba fehaciente.

“Un caso tan mediático, que da cuenta de un crimen verdaderamente atroz, exigía un culpable. Es por eso que se deberían haber tomado todos los recaudos necesarios con tal de encontrar a la verdadera persona responsable, comenzando por una debida investigación científica. En vez de eso, se decidió condenar a Fernández a 20 años de cárcel, después de un juicio que no respetó las exigencias de un proceso propiamente dicho. Es por ello que, en este juicio, se encuentra la máxima expresión de un sistema judicial ineficiente y hasta cínico en su proceder. A todas luces, el daño humano causado en este caso es imposible de justificar. Al omitir la presunción de inocencia, se da lugar a una alarmante cadena de incumplimientos a los derechos humanos”, apuntó.

DETENCIÓN PREVENTIVA

La detención preventiva en Bolivia se ha convertido en la regla y no la excepción. 14.163 privados de libertad marcan el 75% de personas que ocupan los centros carcelarios sin sentencia o en proceso de investigación.

Algunos ejemplo de ello es que en agosto de 2018, dos casos mediáticos cumplieron con el plazo de 36 meses en detención preventiva.

En 2015 el escándalo mundial por la corrupción en el fútbol salpicó hasta los estamentos de la Confederación Suramericana de Fútbol – Conmebol.

Los entonces dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Chávez y Alberto ‘Tico’ Lozada, fueron implicados y a solicitud de la Fiscalía General ese caso de ámbito privado fue derivado como un caso de corrupción pública. Ambos ejecutivos fueron aprehendidos y luego derivados al penal de Palmasola en Santa Cruz en calidad de detenidos preventivos.

Dentro de Palmasola a Chávez se le detectó un tumor que derivó en cáncer en 2017. Luego de reiteradas audiencias para solicitar medidas sustitutivas, el dirigente pudo salir y ser internado en una clínica de la capital oriental. Sin embargo, su estado empeoró y tuvo que ser trasladado a principios de 2018 hasta Sao Paulo, Brasil, para recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

En agosto de este año, semanas antes de cumplir tres años en detención preventiva, Carlos Chávez falleció en el vecino país. Su esposa, quien también fue detenida dentro de la misma investigación, apenas pudo lograr un permiso especial para salir y viajar a Brasil para despedirse de su pareja, tan solo horas antes de su deceso.

Otro hecho mediático que mantiene a una persona con detención preventiva es el caso de William Kushner, sospechoso de dar muerte a su exenamorada Andrea Aramayo el 19 de agosto de 2015.

Kushner fue aprehendido y luego derivado al penal de San Pedro, donde ya cumplió tres años entre rejas. Cuando todavía estaba en celdas judiciales, el joven dijo resignado a los periodistas: “ustedes ya me han sentenciado”. El sospechoso apuntó a los medios de comunicación, previendo el proceso que se venía en su contra, en el que la presunción de culpabilidad se antepone a la propia Constitución Política del Estado.