“Ministerio de Justicia fue más agresivo que la Fiscalía”

El Ministerio de Justicia actuó de manera mucho más agresiva que el Ministerio Público contra el médico Jhiery Fernández para asegurar la sentencia a 20 años de cárcel por un delito que no cometió, mientras que desde la Gobernación nunca tomaron acciones a pesar de que ambas instituciones fueron avisadas de las irregularidades que se cometían, afirmó ayer el asesor jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (ASPDB), Franco Albarracín.

“Cuando acudí a las audiencias, tres abogados del Ministerio de Justicia tomaban un rol mucho más agresivo que el Ministerio Público, todo el tiempo cuestionaban las pruebas presentadas por la defensa. Trataban de objetar toda prueba que intentaba demostrar la inocencia de Jhiery Fernández”, afirmó el activista de los derechos humanos.

Albarracín afirmó que los abogados del Ministerio de Justicia conocen el caso a profundidad y accedían al cuaderno de investigación en todo momento, por lo que dijo estar sorprendido con las recientes declaraciones del titular de esa Cartera, Héctor Arce Z., en sentido de que el cuestionado fallo carece de sustento, “salvo que sus colaboradores le hayan ocultado la verdad, cosa que no creo”, apuntó.

Recordó, que la APDH envió una carta a esa Cartera de Estado poniendo en conocimiento la irregular situación del proceso contra Fernández. Similar gestión se cumplió ante la Gobernación de La Paz, cuyas autoridades nunca atendieron la carta enviada ni las advertencias formuladas durante una reunión en julio pasado.

“El año 2015 se le indica al gobernador Félix Patzi sobre las irregularidades del proceso donde ellos eran coadyuvantes, y este año nuevamente le advertimos. Esperábamos mínimamente un pronunciamiento exigiendo la veracidad de los hechos” refirió tras reiterar la existencia de responsabilidad también en las autoridades departamentales.

En este sentido, las investigaciones acerca de este caso debieran ampliarse contra estas autoridades sobre quienes también pesaría, cuando menos incumplimiento de deberes, refirió.

“El Ministerio de Justicia ha sido cómplice de este proceso porque tiene al Ministerio Público como apéndice el Ejecutivo para actuar con fines políticos y ellos han colaborado en este encubrimiento al ineficiente trabajo. Mientras la Gobernación omitió toda acción”, señaló.

ACTUACIÓN OPORTUNA

El viceministro de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Diego Jiménez, aclaró el pasado viernes que el Ministerio de Justicia actuó oportunamente con el ofrecimiento de apoyo al médico Jhiery Fernández en el caso bebé Alexander, quien renunció a ese patrocinio, y desmintió a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) que afirma que no recibió respuesta al requerimiento de atención para el galeno.

“Un informe elaborado por el doctor Aguilar abogado de la defensa pública que en la parte más importante dentro de las conclusiones señala claramente que en fecha 29 de mayo de 2018, él se hizo presente en el penal de San Pedro para reunirse con el señor Jhiery Fernández, se efectivizó esa reunión y en la conclusión el (Fernández) refiere que no necesita de un abogado de defensa pública porque cuenta con sus abogados”, según reportó radio Fides.

Jiménez lamentó que el abogado de la APDHB, Franco Albarracín, actúe con argumentos falsos pretendiendo mostrar la inacción del Ministerio de Justicia a unas notas que enviaron para atender el caso del médico Fernández y de presuntas irregularidades. Por tanto, el viceministro rechazó las versiones de la APDHB en sentido que esa cartera de Estado no respondió al requerimiento de la presidenta de esa entidad para atender el caso de una presunta inocencia del médico Fernández.

VOLVERIA A GRABAR

A su vez, Juan Romel Cardozo la persona quien grabó a la juez Patricia Pacajes, el 1 de mayo pasado en una reunión social realizada en su departamento en la zona sur de La Paz, en declaraciones públicas afirmó que “lo volvería a hacer” (grabar el relato de Pacajes) para que la gente no mendigue justicia.

Cardozo, el 2014, fue implicado en un presunto caso de tráfico de armas, por cuyo hecho fue la enviado a la cárcel sin antes probar su responsabilidad, fue liberado luego de probar su inocencia “ pero por cinco años sigo mendigando justicia, pues mi cuaderno de investigaciones desaparece o nadie sabe de mi caso”, refirió.