Funcionarios públicos al servicio de un partido

Como obligación ineludible ha declarado el partido de gobierno MAS que “los empleados públicos deben inscribirse en ese partido y, además, votar por la re-relección del Presidente”. Pero, por principios morales, no se debería concebir en este caso militancia de partido político, porque el servidor público es funcionario del Estado y si trabaja a órdenes del gobierno, no siempre debe estar obligado a militar en sus filas partidistas y menos someter su conciencia para votar por quien decida el régimen gobernante.

Señalan dirigentes del partido MAS que “todo empleado público debe estar conforme con el ‘proceso de cambio’ y, además, debe guardar gratitud al presidente por los aumentos salariales y por el doble aguinaldo; que quienes no están de acuerdo con el proceso y el gobierno deben renunciar; finalmente, que los cargos deben estar ocupados por militantes del MAS”; estos extremos no corresponden cuando se dice, casi periódicamente, estar sujetos a principios democráticos, a las libertades y a regulaciones legales que establecen, clara, terminante y categóricamente, que todo ciudadano es libre de pensar como quiera, pertenecer o no a organización política alguna; que sus servicios deben ser desempeñados solamente con base en capacidad profesional y con la idoneidad necesaria para realizar un buen trabajo. Pero, según el MAS, prácticamente cada empleado público debe ser obediente y ciego a las disposiciones partidistas y hacer abstracción de su conciencia y uso de sus libertades (ED 12-9-18).

El que en muchos gobiernos se haya exigido la adhesión de los empleados públicos al partido gobernante es evidente; pero en la práctica casi no se observó la instrucción y, en todo caso, cada funcionario conservó sus libertades y mucho más el cargo que ocupaba; ahora el problema es diferente, porque los funcionarios públicos han sido utilizados hasta para inscribir a nuevos militantes y realizar labores inherentes al partido de gobierno, dejando sus funciones normales.

Estos hechos son ilegales, contrarios a la moral y al sentido de imparcialidad que debería haber en todo funcionario público que, en todo caso, debe estar supeditado solo a las leyes y a su libertad de conciencia. Es evidente, por otra parte, que muchos de los empleados, obligados a servir al partido MAS, votarán en sentido contrario a lo que la consigna pretende obligarlos, porque es de instinto humano el no actuar obligados, contra la propia conciencia.

De todas maneras, obligaciones que se impone bajo amenazas están prohibidas por la moral y las leyes, porque los empleados públicos tienen dignidad y honor que no pueden ni deben ser mancillados o avasallados, que es lo mismo que obligarlos a ser siervos o esclavos de una tienda política que está en el gobierno.