Lo que sucede en Europa actualmente no deberá repercutir como se expresa en lenguaje coloquial: “Europa tose y Latinoamérica se resfría”, porque se debe recoger experiencias de las determinaciones de una importantísima parte del mundo, que llegarán, inevitablemente, empero hallándonos preparados. En Europa las medidas antiterroristas son de amplio espectro y conducen a un peligroso estado superlativo de seguridad.
Esta expansión continua del estado de seguridad desvela que la multiplicidad de leyes y reformas aprobadas vertiginosamente está desestabilizando las libertades fundamentales. Entonces, surge la necesaria pregunta: ¿Cuál de las dos ostenta la preeminencia?, sin duda las libertades fundamentales que son salvaguardas de los derechos humanos que han costado muchísimas vidas y torrentes de sangre. Entonces, la preeminencia constitucional es obvia e irrefutable.
En Europa, como consecuencia de los atroces y execrables atentados, desde París, Múnich, Colonia hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar una retahíla de leyes, desproporcionadas y discriminadoras, que no condicen con los principios de Amnistía Internacional. Cada ciudadano que lee la prensa comprueba que en el Viejo Continente estas medidas, aunque tratan de proteger al propio ciudadano, analizadas una por una, resultan muy preocupantes. Más aún si se las observa en su conjunto, irrumpe la inquietante realidad en la que los poderes sin control desconocen y hasta pisotean libertades fundamentales ya consolidadas mucho tiempo atrás.
Lo precitado sucede por la ineptitud y el desconocimiento de la preeminencia de los derechos fundamentales por los gobernantes, sobre todo en cuanto al respeto a las constituciones. Por ello la Policía Nacional, para evitar la utilización desproporcionada de la coacción, debe formarse con el aprendizaje de los derechos constitucionales.
Todo lo precitado no es una ficción, sino que se basa en el reciente Informe de Amnistía Internacional sobre 14 Estados miembros de la Unión Europea, y se confirma después de un análisis exhaustivo imparcial, ya que las nuevas leyes concebidas para afrontar el terrorismo han pasado como una aplanadora sobre los derechos fundamentales.
Muy preocupante es que estas medidas han erosionado el imprescindible y protector Estado de Derecho; aumentando el poder ejecutivo, eliminando los controles judiciales, que es el derrumbe de cualquier Estado; restringiendo la libertad de expresión y exponiendo sin control a la población a una vigilancia ilimitada. Este es el punto de inflexión que Bolivia y los pueblos latinoamericanos deben considerar con extrema atención. ¿Por qué?, porque muchos gobiernos débiles harán que con estas reformas o leyes de seguridad que se imita, les sea más fácil declarar un estado de excepción (sitio), y otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, sin supervisión judicial y hasta sin supervisión absoluta.
La ciudadanía debe preservar la vigencia de las libertades constitucionales, que son el fundamento de toda sociedad y nunca permitir que la excusa de la seguridad atenué la vigencia permanente e inderogable de los derechos fundamentales. Observe el ciudadano consciente que Europa nos traslada a observar situaciones negativas, empero, se debe recoger esa experiencia con agradecimiento, pues evita el error en nuestro continente, haciendo reflexionar profundamente a los gobiernos sobre la preeminencia de los derechos fundamentales ante cualquier contingencia, sea cual fuere.
El autor es abogado corporativo, posgrados en Arbitraje y Conciliación, Interculturalidad y Educación Superior, Alta Gerencia para abogados, Derecho Aeronáutico, doctor Honoris Causa.
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