Leandro espera la solidaridad de las autoridades
• El artículo 17 de la norma establece que la Alcaldía promoverá los derechos laborales y de personas con discapacidad
Mientras en un lujoso hotel de la zona de Calacoto las autoridades del municipio analizan y debaten políticas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, en la calle 21 de San Miguel, Leandro Limachi, el joven con discapacidad psicomotora severa clama desde hace dos años porque la Subalcaldía de la zona Sur le dé una licencia para su puesto de venta.
La Paz es la sede de las primeras Jornadas Internacionales “Inclúyeme: Discapacidad y Empleo”. El evento permitirá generar compromisos por parte de los actores.
“Detectaremos cuáles son las fallas y generaremos compromisos con todas las instituciones, con el propio Gobierno Central y los tomadores de decisión para hacer seguimiento y así tener una inclusión laboral efectiva”, dijo la concejal Andrea Cornejo.
Sin embargo, a pesar de haber este tipo de convenios y leyes que protegen los derechos y promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad, estas no se cumplen.
A manera de ejemplo, se puede referir el caso de Leandro Limachi, un joven de 25 años, quien sufre una discapacidad psicomotora severa que le impide hablar y caminar, pero que a pesar de esa discapacidad se esfuerza por no ser una “carga para su familia”; logro ganarse el respeto, la solidaridad y confianza de quienes a diario transitan por la calle 21, de la zona de San Miguel, donde hace dos años instaló un humilde puestito donde vende todo tipo de pequeños objetos (corta uñas, linternas, pilas, afeitadoras manuales y tarjetas de telefonía celular).
Todos los días haga frío, calor o llueva, Leandro llega hasta su puesto de venta, eso logró que muchas personas de “buen corazón”, propietarios de los edificios donde funcionan oficinas, bancos y tiendas comerciales, en una muestra de solidaridad y después de ver el esfuerzo de Leandro, dieron su autorización para que instale su puesto.
Sin embargo, Leandro quiere cumplir la Ley y tener una Licencia otorgada por la Subalcaldía de la zona Sur, para que no sufra el maltrato de los comerciantes afiliados a la asociación de dulceros de San Miguel.
Pasaron dos años y hasta la fecha continúa el “peregrinaje” de Leandro, desatiende su puestito de venta y va a las oficinas de la Subalcaldía de la zona Sur, sin que ningún funcionario asuma la responsabilidad social de atenderlo o por lo menos escuchar su problema y darle una solución.
Como Leandro, en La Paz, existen muchas personas discapacitadas que no desean ser una carga social para sus familias y se ganan un salario en las calles como comerciantes gremialistas y esperan que en los foros internacionales, como el que se realiza actualmente en esta ciudad, se analice también este tema tan sensible, como es el de ofrecer oportunidades de un trabajo digno para las personas como Leandro que no se resigna a que las autoridades del Concejo Municipal y de la Subalcaldía de la zona Sur se sensibilicen con su pedido de contar con un permiso de venta.
En enero de 2016 se aprobó la Ley Municipal que asegura derechos de personas con discapacidad. La normativa cuenta con 24 artículos y 5 títulos, tiene por objetivo promover, proteger y garantizar la plena satisfacción y ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad, así como incentivar una cultura de respeto y trato igualitario de la sociedad paceña en su conjunto.
Dentro de los derechos y deberes de las personas con discapacidad se encuentra el de promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, el capacitarse y prepararse según sus posibilidades, acogerse a planes, proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación y el de registrarse en las entidades competentes, en las condiciones establecidas en la ley.
LEY
El año 2016, el Concejo aprobó la primera Ley Municipal para personas con discapacidad. El artículo 17 de la norma establece que “el Gobierno Autónomo Municipal, en el marco de sus competencias, promoverá los derechos laborales y fomentará la formación técnica de personas con discapacidad, a través de programas de inserción laboral dentro de una política de inclusión laboral”.
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