Temen contaminación del río Chico

Los comunarios del Distrito 7 del municipio de Sucre se oponen a la ejecución del proyecto de explotación minera en la cabecera del río Chico porque consideran que toda la cuenca será contaminada por esta actividad en perjuicio de más de 40 comunidades, reportó la radio Aclo.

“Quieren contaminar el río con la minería, pero nosotros no vamos a permitir, no vamos a dejar que ninguna empresa entre a la comunidad Puka Puka (para empezar con actividades de explotación minera)”, dijo Paulino Gutiérrez, uno de los movilizados.

Arturo Aliaga, abogado de los manifestantes, agregó que se pretende realizar la consulta previa, para la explotación minera, sólo a tres de las comunidades de la zona.

Sin embargo, “nosotros queremos que se haga la consulta a las 45 comunidades que serían las afectadas, además la comunidad Puka Puka es zona de exclusión minera, no puede haber actividad minera en ese sitio de acuerdo a las normas vigentes y en ese entendido (incluso podemos presentar) una acción de incumplimiento en los subsiguiente días”, advirtió el jurista.

Entre tanto, el jefe de Gabinete de la Gobernación de Chuquisaca, Ever Almendras, sostuvo que el trámite para el ingreso de una empresa minera al sector en conflicto aún no se encuentra en la administración departamental.

En una anterior oportunidad, el director de Medioambiente Osmar Victoria recordó que para solucionar estas falencias, se prevé iniciar con el estudio para un nuevo botadero. Una decena de empresas estarían interesadas en adjudicarse la labor, para ello, adelantó que hoy, martes, está previsto el acto de apertura de sobres de los proponentes.

Indicó que el estudio debe arrojar tres resultados: un proyecto de cierre del ex botadero La Esperanza, un proyecto a diseño final del cierre del botadero Lechuguillas y la identificación del nuevo relleno sanitario, donde se establecerá el nuevo complejo ambiental, con un presupuesto de Bs 2,7 millones.

Asimismo, según el concejal Santiago Ticona, la comunidad cuenta con un informe técnico–ambiental, en el que se concluye el riesgo de impactos negativos por la actividad minera en el lugar, ya que el terreno es deleznable y se tiene documentación que al emprender la extracción se van a utilizar explosivos, lo que puede dañar el ecosistema. “Podríamos perder los ojos de agua”, alertó la autoridad.