¿Ciudadanía universal?

Desafortunada e impropia resultó la negativa del gobierno a la firma del acuerdo de Quito (Ecuador), suscrita por once países latinoamericanos para tomar acuerdos en el tema de la masiva migración venezolana a países de la región, en el intento de buscar mejores condiciones de vida para estos grupos. La invitación fue interpretada por nuestro gobierno como de acuerdos restrictivos en contra de la migración señalada, ya que Bolivia plantea la construcción de la “ciudadanía universal por un mundo sin muros”.

Pero, paradójicamente, es Ecuador quien consagra la ciudadanía universal, ya incorporada en su Constitución Política a partir del año 2008, como principio rector de las relaciones internacionales a través de la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el progresivo fin de la condición extranjera, como elemento trasformador de las relaciones desiguales entre los países, especialmente de norte y sur.

Consiguientemente no se trata de un foro discursivo para interpretación jurídica-doctrinaria universal de DIP, sino un evento circunstancial e interino a realizarse en Quito, con la finalidad de proteger y garantizar por la vía directa los derechos de los actuales migrantes. Es decir ensanchar y ampliar a su favor acuerdos ya establecidos, a través de una labor administrativa conjunta a favor de la región y absolver soluciones posibles para el problema suscitado.

Deplorablemente, con estas radicales e irreflexivas manifestaciones “revolucionarias” de liderazgo se compromete una vez más nuestro prestigio como país hermanado, menoscabando el propio ámbito de DDHH.

Recordemos el abandono del país al acuerdo de libre comercio (Atpdea), desaprovechando preferencias arancelarias, por una patética lucha contra el “capitalismo”. No olvidemos el ultimátum a la revisión de tratados y convenios bilaterales de protección a inversiones, suscrita por 24 países; el retiro anunciado del Centro Internacional de arreglo de diferencias e inversiones (CIADI), acciones que culminaron con la expulsión injustificada de una agencia de convenio internacional, así como la permanente amenaza de retiro de la CIDH al ser, en opinión del gobierno, “el mejor instrumento del imperialismo”, probablemente como réplica a las diligencias de oficio interpuestas por la Corte Internacional en el caso Chaparina (Tipnis) a favor de sus derechos originarios.

Todo lo anterior se constituye de hecho en un enorme despropósito, en desmedro de nuestras relaciones, por decir lo menos; desatino que nos lleva hoy a experimentar una suerte de aislamiento e incomunicación, al no admitir que Bolivia es parte de un contexto internacional.

Felipe Tredinnick Abasto, experto en Derecho internacional público y miembro en varios periodos de la Asamblea General de las NNUU, en vida señalaba que Bolivia por su ubicación geográfica en el continente y la concurrencia a los tres sistemas hidrográficos del hemisferio, está emplazada a ser protagonista en la articulación entre los estados que la circundan.

Afirmaba que “es el centro en el cual convergen las vinculaciones internacionales, constituyéndose además en el nexo de unión entre ambos océanos, influyendo definitivamente en el equilibrio de las relaciones internacionales de toda la región”. Aconsejaba a nuestros gobiernos la formación de la llamada “conciencia internacional” como parte de su formación cívica y pedagógica.

Respecto al tema de convivencia internacional, citamos una frase del meritorio internacionalista citado, escrito en el prefacio de su curso de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, tomada a su vez de la proclama de la Junta Tuitiva paceña de 1809: “Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria…”.

El autor es abogado.

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