Discriminación al sector privado

Del estudio de los datos económicos y políticos se puede sacar la conclusión de que el Estado Plurinacional está empeñado en aniquilar lo poco que queda del sector privado, a cambio de favorecer al sector económico estatal. Los datos objetivos para ese fin son numerosos y específicos, lejos de las abstracciones utilizadas frecuentemente.

En primer lugar hay una ofensiva mediática contra el sistema capitalista (basado en la propiedad privada) y una campaña directa o subliminal a favor del “socialismo comunitario” de cuño oficial. En segundo lugar, se tiene una serie de acciones directas que fortalecen económicamente a las empresas estatales, en general basadas en la propiedad social. Así, mientras por un lado se niega el menor apoyo a la empresa privada nativa y se trata de asfixiarla por medio de diversos procedimientos legales, políticos, económicos, etc., al rubro estatal se le auxilia en todas las formas.

Los dos procedimientos están operando sistemáticamente, ya sea en forma abierta o subterránea, desde hace un decenio y se observa que no existe la menor intención de cambiarlos y continuarán con el mismo ritmo y velocidad. Es más, algunas veces ese programa es objeto de ajustes para acelerar su aplicación. Los datos son objetivos y tienen origen oficial.

Una de las formas de aplicar esa política es la económica, con fuertes créditos, bajos intereses, largos tiempos de pago, condonaciones, etc. En efecto, en los recientes nueve años, el Estado, por medio del Banco Central, otorgó créditos a las empresas “estratégicas” estatales por 8.424 millones de dólares, mientras la empresa privada no recibió alguna ayuda, lo cual revela, además de una actitud discriminatoria, el fin de darle muerte.

Otro aspecto de esa discriminación es que la creación de empresas públicas se ha constituido en un sistema paralelo a la empresa privada, con el fin de hacerle competencia desleal, o más propiamente acabar con ella. Es más, mientras a las empresas estatales se les otorga toda clase de facilidades, a las privadas se les aplica toda clase de dificultades.

Resulta notable el hecho de que a ese sabotaje se suma el contrabando que también aniquila a la empresa privada y al parecer tiene apoyo de algunos sectores del oficialismo.

De otro lado, la legislación laboral otorga en forma directa o indirecta apoyo a entidades estatales y lo niega a las privadas. En efecto, en los procesos laborales, en el 80 por ciento de casos de reincorporación se falla a favor de los trabajadores, lo que no ocurre con las instituciones privadas, de donde resulta que “la ley no es igual para todos”. En cuanto al sector privado, se aplica la inmovilidad, pero no así en el sector estatal y así sucesivamente.

Se debe señalar, finalmente, que mientras las empresas estatales, salvo excepciones, no crean fuentes de trabajo, no pagan impuestos, viven de préstamos, no aceptan el sindicalismo obrero y es innumerable la lista de infracciones, las privadas están obligadas a un régimen contrario. Se debe remarcar que el sector empresarial genera el 70 por ciento del PIB y contribuye con el 96 por ciento de la recaudación tributaria, sin tomar en cuenta los impuestos que paga YPFB.

En conclusión, se anota que mientras la empresa estatal no aporta beneficio alguno y que la empresa privada está al borde de la catástrofe, el futuro del país está realmente en serio peligro, al igual que ocurre con países que siguieron el mismo modelo, como Venezuela.