Víctor Hugo Soria Morón
Si bien los departamentos más desarrollados del país continúan siendo Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, al parecer este proceso de desarrollo no es acompañado por un crecimiento emocional en las parejas, al registrarse un alto índice de muertes de mujeres, sobre todo en los lugares mencionados.
De enero a julio se conoce que en La Paz se atendió 17 casos de feminicidio, lo que representa un 24%; en Cochabamba 13 casos, que significa 20% y en Santa Cruz 12 casos, es decir 18%.
Se establece que en las ciudades con un alto grado de migración, como El Alto, dicho proceso social y económico puede generar una serie de exigencias para los integrantes de una familia, pero sobre todo para los proveedores de la misma, aspecto que genera más de un conflicto en pareja. Lastimosamente, este proceso de acomodarse al desarrollo urbano y las exigencias que conlleva, al parecer no están siendo acompañados por el desarrollo emocional de la pareja, la misma que continúa actuando de forma agresiva e irracional, ante un problema o frustración.
En el primer semestre de esta gestión, en La Paz se identifica a El Alto como la ciudad con un alto índice de hechos violentos en contra de la mujer. Los informes estadísticos dan cuenta que la Felcv del centro de la urbe paceña atendió dos casos, lo que representa el 12%. En las provincias se logró registrar cuatro hechos, es decir un 23%, pero en El Alto los hechos de feminicidios en el primer semestre llegaron a 11 casos, representando un 65% de casos investigados.
Si bien algunos agresores de las víctimas pretenden justificar su accionar con el argumento de que la violencia surge como resultado de celos, conflictos sentimentales, consumo de bebidas alcohólicas u otros, prevalece la ausencia de un adecuado desarrollo emocional. Por ello una persona decide, por lo general, la separación de la pareja, en una relación conflictiva, tensa o destructiva.
Es importante establecer que la Ley 348, “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia”, no solo sanciona con 30 años, como pena máxima, a quien cometa feminicidio, sino que permite que las personas acudan a realizar la denuncia cuando surgen las primeras actitudes que muestran rasgos de violencia psicológica, económica, porque después por lo general surge la agresión física y puede acabar con la vida de las y los afectados.
Pensando en que “mejor es curar en sano, que pagar la culpa”, es necesario que la persona evalué su conducta y si la misma en algún momento puede generar riesgos para la vida de otros, es importante que busque a un profesional psicólogo para recibir ayuda preventiva, antes de cometer algún delito por una mala decisión.
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