El periodismo es servicio y guardián de la verdad

Lo normal y justo sería que, viviendo en democracia, gobierno y medios de comunicación y periodistas compatibilicen posiciones y actúen en marcos que los haga más constructivos, más propensos al servicio, más conscientes de que ambos tienen la función de servir y actuar con la verdad; pero, hay posiciones contrarias a todo criterio de comprensión y compatibilización de ideas y criterios por parte de las autoridades de gobierno que, conjuntamente su partido MAS, consideran que “el periodismo es contrario al régimen, porque es ‘capitalista’ ‘imperialista’ ‘derechista’ y otros en los que ni las autoridades creen porque no tienen ninguna seguridad de lo que dicen y solamente se apropian de esas palabras porque no pueden ni saben cómo descargar animadversiones contra los periodistas y los medios -prensa, radio y televisión-.

¿Por qué adoptar posiciones irreconciliables con la libertad de expresión? ¿Cuáles son los delitos que se pueden atribuir a los medios y a los periodistas? ¿Alguien posee las pruebas del caso como para actuar sujetos a sentimientos de odios, resentimientos y pésimas actitudes contra el periodismo? ¿Por qué el criterio de que solamente el gobierno y su partido pueden servir al país y que los medios y periodistas no son lo suficientemente dignos y capaces de informar, sugerir ideas, criterios, orientar y criticar los yerros del gobierno o de quien sea y que sean, de alguna forma, contrarios al bien común? ¿Quién ha dado autoridad e inteligencia para juzgar la conducta de la prensa y de los periodistas que informan, orientan y tienen el derecho constitucional de ser parte de las libertades que rigen en democracia?

El gobierno, en la especie de inquina que tiene contra el periodismo, habría decidido dictar una “ley de la mentira”, instrumento que serviría para analizar, aprobar o criticar todo lo que se publique en los medios aduciendo que es mentira. El 21 de febrero de 2016 que dio como resultado electoral que, resumido, señala: Bolivia dijo no, trajo como colación inmediata que el gobierno califique como “mentira” ese resultado mayoritario, pese a que él fue parte del mismo puesto que logró también un porcentaje del sí y que lo favorece por el apoyo que recibe de sus adherentes y militantes partidarios. Una ‘mentira’ con cuyos resultados, el Presidente y demás altos funcionarios, estuvieron de perfecto acuerdo y que, recién, mucho tiempo después, lo calificaron como “expresión de la mentira”.

Ese resultado dio lugar a la idea de “aprobar una ley de la mentira”, ley que, por supuesto, no estaría dirigida solamente contra los medios de comunicación y periodistas sino que sería aplicable también a las autoridades del gobierno cuando se juzguen verdades y mentiras. Además, ¿quiénes estarían encargados de juzgar con la autoridad moral del caso para decir que hubo mentira? ¿Y qué es la mentira? Simplemente: la alteración deliberada de la verdad; en otras palabras, que carece de realidad; en el campo jurídico, la mentira es un delito, pero esa mentira puede ser producto de un error. La ley, dirigida contra los medios y periodistas pretende ponerlos en el banquillo de los acusados, pero sin siquiera recurrir a la Ley de Imprenta de 1925 que está plenamente vigente y que establece cuándo hay yerros o tergiversaciones en el periodismo sea informativo o de opinión. Y la Ley de Imprenta, así sea indirectamente, porque resulta, en los hechos, ley a favor de la libertad de pensamiento cuya consecuencia es la libertad de expresión y de prensa, que favorece también a quienes fungen como gobierno o autoridad; favorece al público en general porque puede disponer a su libre arbitrio y conveniencia de su libertad de expresión, producto de su pensamiento.

La ley de la mentira sería para conocer la verdad; pero, ¿quiénes la establecerán, comprobarán, verificarán y juzgarán que lo publicado o expresado por un medio o periodista es falso, es mentira o contrario a la verdad? Por principio moral, se puede sostener que tanto el gobierno como los medios y periodistas obran con la verdad, no tergiversan ni deforman nada, no obstaculizan voluntaria y conscientemente nada de lo que hace o pueda hacer una autoridad; entonces, ¿a qué viene una ley que en los hechos será abstracta, porque no habrá quién y cómo juzgue la veracidad o falsedad de hechos o situaciones que se presenten en el diario vivir de la nación?

Los medios, a través de sus instituciones: Asociación Nacional de la Prensa, Asociaciones de Periodistas de cada departamento, Federación de Trabajadores de la Prensa, no conciben que los extremos de vulnerar la libertad de expresión y prensa lleguen a lo que se propone con una ley de la mentira que, en el fondo y la forma, no tiene bases de sustentación, al menos mientras siga vigente la Ley de Imprenta desde el año 1925 y a cuyo texto se ajustan quienes ejercen la profesión más bella y libre como es el periodismo que no merece imputaciones falsas por conductas que no son contrarias a la verdad porque se ajustan a ella y actúan bajo parámetros muy estrictos de honestidad y responsabilidad.