Los funcionarios que restringen el acceso a la información pública pueden ser procesados de acuerdo a la Constitución Política del Estado (CPE), el Decreto 28168 y la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y los peticionarios pueden hacer uso de los recursos constitucionales, judiciales y administrativos vigentes en el ordenamiento jurídico, expresó el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP), Marcelo Miralles Iporre.
Durante una entrevista difundida por Radio Erbol, el representante de los medios impresos y una agencia de noticias, reiteró la vigencia del artículo 21 de la Constitución que otorga a los ciudadanos el derecho a “acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente, de manera individual o colectiva”.
