Crisis social en Nicaragua
El país centroamericano atraviesa una un conflicto desde abril pasado que dejó 512 muertos
Managua.- La estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) reinició ayer las clases, interrumpidas desde el estallido social de abril, en medio de la incertidumbre causada por el llamado a la desobediencia civil de alumnos que temen represalias tras participar en protestas contra el Gobierno.
Cientos de personas, entre maestros, trabajadores y alumnos del turno sabatino de la UNAN-Managua, acudieron al llamado de inicio de clases hoy en el Recinto Universitario Rubén Darío (RURD), al suroeste de Managua.
Las nuevas medidas de seguridad para el ingreso de personal, que incluyen la revisión de bolsos y mochilas, así como el derecho a ingreso exclusivamente a empleados y alumnos, causaron largas filas en los portones de ingreso al RURD.
Los estudiantes de las facultades de Humanidades y Ciencias Jurídicas, Educación e Idiomas, Ciencias e Ingeniería y Ciencias Médicas, llamaron a una "desobediencia estudiantil indefinida", por razones de seguridad.
"No nos sentimos seguros, creemos que no es conveniente asistir a clases con esta crisis que ha dejado centenares de muertos, que tiene muchos estudiantes de la UNAN en las cárceles", indicaron los alumnos en un comunicado.
Los estudiantes recordaron que no les es posible regresar a las aulas cuando sus compañeros de clases y maestros "están presos" o fueron expulsados de la UNAN "por causa injusta".
Las clases en dicha universidad fueron suspendidas en abril pasado debido a la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, y que incluyó la toma del RURD por parte de estudiantes durante más de un mes, hasta que fue desalojado por policías y supuestos paramilitares, con saldo de dos alumnos muertos y varios heridos, en julio pasado.
Además, la crisis ha dejado entre 322 y 512 muertos, y más de 300 "presos políticos", principalmente en protestas contra el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, según organizaciones humanitarias.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otros.
El Gobierno de Ortega nieva responsabilidades y asegura que se trata de intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y Murillo se iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder. (EFE)
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