Retroceso de un siglo

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), en La Haya es el segundo organismo internacional que rechaza la solicitud de Bolivia para buscar una solución al enclaustramiento marítimo y obligue a Chile a negociar una salida soberana al océano Pacífico, según el analista político Carlos Böhrt.

“El gobierno de Evo Morales nos ha hecho retroceder un siglo, nos devolvió al período de las actas de 1920, donde se fue a la Liga de las Naciones donde se sufrió un serio revés y nos dijeron que no tenían las atribuciones para resolver el conflicto marítimo”, dijo Böhrt.

En noviembre de 1920, durante la Junta de Gobierno de transición, Bolivia hizo su presentación ante la Liga de las naciones, la que fue analizada en el siguiente período general de sesiones de la entidad, en septiembre de 1921. Este organismo fue el antecesor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado por el Tratado de Versalles en 1919, en el marco de los acuerdos que dieron fin a la Primera Guerra Mundial.

En esa ocasión una delegación de autoridades bolivianas se presentaron ante el organismo internacional para que se promueva, por acuerdo de partes, la revisión del Tratado de 1904 entre Bolivia y chile, en virtud del artículo 19 del Pacto de la Liga de Naciones. Sin embargo, este fue rechazado.

“El Comité de Juristas, reunido por invitación del Comité General de la Asamblea, como resultado del requerimiento hecho por Bolivia de fecha 1 de noviembre de 1920, para que dé su opinión sobre el significado del Artículo 19 del Pacto, particularmente en lo referente a las atribuciones de esta Asamblea que se desprenden de este artículo, es de la opinión que, en su presente forma, el requerimiento de Bolivia no es aceptable”, señala la decisión del ente internacional.

Ante esto, el experto manifestó que este antecedente es un nefasto antecedente para las gestiones diplomáticas que se puedan entablar en un futuro entre ambas naciones.

“Los argumentos que planteó el Gobierno fueron muy pobres porque han sido desvirtuados uno por uno. La otra interrogante es que se equivocaron en la vía o no había que ir a la Corte Internacional de Justicia”, cuestionó el experto.

Este análisis dio pie para que se pueda generar responsabilidades en contra del primer mandatario y sus colaboradores: el ministro de Justicia Héctor Arce, los cancilleres David Choquehuanca y Fernando Huanacuni, y los titulares de la Procuraduría General del Estado.