Nueva intervención a Epsas es ilegal

El Organismo de Participación y Control Social y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), concejales y autoridades del municipio paceño, coincidieron –por separado– en calificar de “ilegal” la ampliación a la intervención de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), considerando el mal servicio que presta a la población

La Ley 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, establece esta intervención por un plazo no mayor a seis meses.

La Resolución Administrativa Regulatoria 260/2016 de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) daba como último período de intervención hasta el 29 de septiembre. Sin embargo, la Resolución Administrativa 437/17, emitida el 13 de septiembre, vuelve a prorrogar dicha medida por un año más.

Este hecho fue calificado de “unilateral” por el representante del Organismo de Control Social, Walter Sempértegui, quién criticó la determinación porque dilataría las aspiraciones que tiene la población paceña de contar con una buena calidad en el servicio de agua potable.

“Nosotros teníamos la idea que la transferencia de Epsas a los gobiernos municipales, que tienen el interés de administrar el agua y el saneamiento, iba acelerarse. Como entidad cívica nos reuniremos en próximos días y vamos a invitarles (a las autoridades del agua) para conocer cuáles son los argumentos que tienen para dilatar la buena y permanente prestación de este servicio”, dijo.

El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), Luis Castillo, informó que de manera “urgente” se convocará a un ampliado de las más de 300 juntas vecinales, para asumir una determinación en torno a esta prolongada intervención de Epsas.

“Nos enteramos ayer y nos parece un despropósito, existen problemas muy graves que Epsas tiene en todos los barrios, hay un mal servicio, racionamiento de agua, cortes del servicio, falta de renovación de redes de agua y sobre todo la entidad se convirtió en un botín del MAS, porque hay gente que no sabe nada de administrar una empresa”, expresó el dirigente vecinal.

ILEGAL

La concejal Cecilia Chacón calificó de “ilegal” esta nueva ampliación a Epsas, porque tiene intereses políticos. Al recordar que la Ley 2066, de Prestación y Utilización de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, establece que tipo de intervenciones pueden tener un plazo no mayor a seis meses.

La Resolución Administrativa Regulatoria 260/2016, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento (AAPS), daba como último período de intervención hasta el 29 de septiembre; sin embargo, la Resolución Administrativa Nº 437/17, emitida este pasado día 13, vuelve a prorrogar dicha administración por un año más.

“Se está negando el ejercicio competencial de los municipios y también por el hecho de que el Gobierno, a través de la AAPS, está manteniendo a una empresa constituida de manera ilegal. Epsas actualmente es una sociedad anónima y lo que pasa es que la Constitución Política del Estado prohíbe que entidades que tengan fines de lucro administren el servicio”, recordó.

SUELDOS Y MAL SERVICIO

Los dirigentes denunciaron la falta de inversión en la renovación de las redes y el desvío de recursos, que se destinan para cubrir los “jugosos salarios del personal”, tal como develó una auditoria, dijo Sempértegui.

“Ya habíamos denunciado antes, y fue a consecuencia de la denominada crisis agua que se pudo hacer esa revelación. Nosotros también pedimos informes a los ejecutivos (de Epsas), pero nunca llegaron al Control Social. Por ejemplo, secretarias, choferes y porteros tenían sueldos altísimos, era una planilla alta del personal con relación a las inversiones. Por supuesto, esto merece complementar la información y ojalá lo hagan”, concluyó.

Por su parte, Luis Castillo criticó que en estos más de seis años de intervención de Epsas, el servicio que presta es “deficiente” y empeoró desde la crisis del agua del año 2016.

“El problema no es en un barrio, es en toda la ciudad, no hay inversión para renovar las redes de agua potable, por lo que ahora están atentando contra la salud. Los paceños consumimos agua con plomo, mal potabilizada y lo peor son los racionamientos”, se quejó el dirigente.

ALCALDÍA

Después de conocer la decisión de ampliar la intervención de Epsas, el director general de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Fernando Velásquez, lamentó que el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, “mienta descaradamente y esté condicionando permanentemente esta operación de manera ilegal”.

Explicó que en 2017, las alcaldías de La Paz y El Alto presentaron toda la documentación para hacerse cargo de este servicio, por medio de la Unión Metropolitana del Agua (UMA), solicitud que fue rechazada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS).

Finalmente, el Director Jurídico de la comuna advirtió que detrás de las sucesivas intervenciones de Epsas, existe la intención de la AAPS y del Gobierno de conformar una empresa de aguas.

“Este va ser el decurso de la problemática, que el Gobierno emita una ley y conforme una empresa como ellos quieren”, sostuvo.

La Alcaldía presentó en agosto una demanda contenciosa en Sucre ante el Tribunal Supremo de Justicia.

ANTECEDENTES

En septiembre de 2015, la Autoridad de Agua estableció el plazo de seis a 12 meses para ampliar la intervención de Epsas y que pueda seguir operando cumpliendo las competencias de los municipios.

NUEVA ADMINISTRACIÓN

El director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), Víctor Rico, informó que mientras dure esta nueva intervención a Epsas, debe plantearse la vigencia de una nueva administración para distribuir el agua potable en los municipios de La Paz, El Alto y poblaciones circundantes.

Explicó que la ampliación obedece a que las alcaldías de La Paz y de El Alto no avanzaron en su planteamiento de conformar una compañía que se ocupe de distribuir el recurso hídrico.

La intervención a Epsas se concretó debido a deficiencias en la administración de esta empresa y a la falta de inversiones para mejorar la calidad del servicio que ofrece.

A pesar de esas deficiencias y denuncias, el suministro de agua potable en el área metropolitana de La Paz está garantizado y que las represas que proveen el líquido elemento están al 50% de su capacidad.