“Ustedes ya me han sentenciado”

Frase incriminatoria con la que -curiosamente- se echa la culpa a los periodistas en general, por algunas personas que están siendo enjuiciadas por haber cometido supuestos actos delictivos. Culpabilidad que en algunos casos es endilgada a la prensa solo por solicitar, tanto en oficinas policiales como judiciales, informaciones verídicas sobre casos de conocimiento público, considerando que, al pasar de boca en boca, la verdad ha quedado distorsionada.

Y justamente por eso los medios de comunicación escrita, radial y televisiva, en sujeción a la Constitución Política del Estado -que dice: “Se presume la inocencia de toda persona, mientras no se demuestre lo contrario”- lo único que hacen al transmitir sus informativos es decir la verdad, y no como alguna gente cree, que hacen escándalo solo por ganar audiencia.

Los medios de comunicación recaban esa información mediante periodistas especializados en distintos campos, razón por la cual el tratamiento de esas informaciones es lo más verídico posible y, dada la gravedad de los casos, inclusive se prioriza el investigar mucho más a fondo, y claro está, denunciando públicamente ciertas anormalidades dentro del accionar policial y dentro del proceso judicial.

Y por ese interés en esclarecer los hechos, el trabajo de los periodistas es generalmente considerado una “intromisión”, tanto en jefaturas policiales como en juzgados y que ha provocado muchas veces el secuestro de grabadoras, filmadoras y cámaras fotográficas, así como la detención de periodistas en celdas judiciales o policiales. Y se llega al absurdo por parte de Fiscales al indagar si los periodistas pasaron cursos sobre investigación, y que además tengan que mostrar los certificados que acrediten que están “autorizados para investigar”. Lo más humillante ha sido y sigue siendo, que tanto los familiares de los encausado como los propios periodistas, por simple orden del juez, son sacados y echados a empujones por secretarios o policías de las salas judiciales, porque las “audiencias han sido declaradas en reserva”, con lo que el juez, por pedido del Fiscal, hecha un manto de duda sobre la transparencia del proceso judicial.

En el caso de los organismos de investigación, tanto de la policía como de la Fiscalía, algunos de dichos funcionarios no cuentan con estudios en técnicas de interrogación y hasta parecerían simples funcionarios con conocimientos empíricos.

Y aun siendo profesionales esos funcionarios -policiales y de la Fiscalía- se aventuran a decir, en casos graves y sin seguir procedimientos técnico/científicos, que solo se trata de un “ajuste de cuentas”; o deducir sin más, de un motorizado que atropelló a una persona, a plena luz del día y en presencia de muchos testigos, que ha sido un simple accidente de tránsito; o sugerir que la persona fallecida se habría arrojado a las ruedas de un vehículo en marcha, supuestamente atormentado por problemas sentimentales, o por no saber cómo afrontar sus millonarias deudas. ¿Verdad que sí?