MAS elige a Fiscal igual que magistrados

El Movimiento Al Socialismo (MAS) concluyó la selección de los postulantes a Fiscal General del Estado, en el que aplicó el mismo mecanismo que se usó para el proceso de preselección de los aspirantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se desarrolló la gestión pasada.

Este mismo mecanismo fue utilizado desde la aprobación de reglamento para la selección y designación de Fiscal General del Estado, que fue una copia del precepto para la preselección de postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Inclusive los opositores advirtieron que no se cambió el nombre de la norma aprobada el pasado 3 de agosto.

Para el diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría esta similitud en los procedimientos de evaluación tiene la finalidad de designar a una autoridad que este bajo las órdenes del gobierno de Evo Morales y sea un ente de persecución política para los opositores.

“El procedimiento es una copia desde el proceso de preselección de los magistrados al Órgano Judicial, el de Fiscal General ha tomado la misma receta. Está claro que ellos elegirán a quien mejor guarde sus intereses, que sigan obedeciendo las órdenes del Ejecutivo o persiguiendo a quien piense diferente y protegiendo a quien milita en el proceso”, dijo el legislador.

Sin embargo, en criterio del diputado del MAS David Ramos, ambos procesos contaron con la presencia del Sistema Universitario que garantizó su transparencia, con el fin que los electos sean los mejor calificados y capacitados para asumir la responsabilidad de administrar y mejorar la justicia.

SIMILITUDES

El reglamento para la selección del nuevo titular del Ministerio Publico exigía los mismos requisitos comunes que estaban establecidos en el anterior proceso, entre éstos no tener militancia en alguna organización política al menos cinco años antes del momento de la postulación.

Los opositores plantearon que este requisito sea ampliado por lo menos a 10 años, ya que siendo una autoridad que estaba a cargo de la esa institución, no debe tener ningún tipo de acercamiento con ningún partido político, mucho menos militancia.

Sin embargo, estos elementos fueron desestimados por los oficialistas y aprobaron el reglamento sin mayor modificación. La mayor parte de los aspirantes al cargo tuvieron ligazón con el partido en gobierno, tal es el caso del ex ministro de Gobierno Jorge Pérez, el exrepresentante de la Dirección Estratégica de Reivindicación Marítima (DIREMAR), juan Lanchipa Ponce.

COMISIÓN

Para ambos proceso lo opositores plantearon que se conforme una comisión de instituciones ajenas al legislativo para que participen en la valuación de los candidatos. Sugirieron que se convoque al Colegio de Abogados, al sistema universitario y a un organismo internacional para que garantice la transparencia del proceso. Hecho que fue descartado por los afines al MAS y solo se invitó al CEUB.

ACADÉMICOS

En la preselección de postulantes al órgano judicial se convocó al sistema universitario para que sea parte del procedimiento con el fin de transparentar la evaluación de los postulantes. El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) aceptó el convenio y eligió a los académicos que fueron delegados de 10 universidades.

Esta elección fue avalada en la Conferencia de Universidades que se desarrolló en mayo del 2017 avaló la designación de los 10 académicos. Sin embargo, este no fue el mismo procedimiento que se llevó a cabo en la presente convocatoria.

La dirección interina del CEUB designó a cuatro profesionales en derecho para que sean parte del proceso de evaluación, pero estos no fueron avalados por el Sistema Universitario en su conjunto. Además la oposición cuestionó a uno de los componentes de esa instancia miembro de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) afín al Gobierno.

EVALUACIÓN

El reglamento para ambas convocatorias establece un proceso de evaluación sobre 100 puntos divididos en tres fases, calificación de méritos de los postulantes, examen escrito y la entrevista. La primera tenía una ponderación de 40 puntos y las dos últimas de 30 puntos.

Los delegados del sistema universitario sólo participaron de la evaluación meritocrática y del examen escrito. En este último punto, los opositores tuvieron observaciones debido a que las preguntas eran sencillas y no estaban al nivel de un profesional para asumir ese alto cargo.

No obstante, en la anterior convocatoria los postulantes debían obtener una calificación mayor a 36 puntos para ingresar a la etapa de entrevistas y un mínimo de 56 para pasar la consideración del pleno del Legislativo.

En el caso de la puntuación de los aspirantes a Fiscal, la nota mínima para pasar a la entrevista era 26 puntos, pero se mantuvo la calificación para ingresar al debate de la Asamblea Legislativa.