Caso tráfico de colmillos

Protección a ciudadanos chinos

Retardación del proceso protege a imputados de depredación y tráfico de patrimonio natural protegido

REGISTRO DE UNA AUDIENCIA EN LA QUE EXHIBIERON LAS PRUEBAS DE LA IMPUTACIÓN.

La audiencia de medidas cautelares contra los ciudadanos de nacionalidad china involucrados en la depredación y tráfico colmillos y piezas de jaguar fue anunciada para el jueves 11 de la siguiente semana, de no existir voluntad de la parte acusada, la Dirección de Recursos Naturales de la Gobernación de Santa Cruz solicitará se les asigne abogado de oficio, afirmó ayer la autoridad de esa repartición Yandery Kempff.

“Se trata de una dilación muy a propósito. En la inspección se notó la mala voluntad del abogado de los imputados. Vamos a solicitar que el juez designe un abogado de oficio si nuevamente no asistiera la defensa de esos ciudadanos (…) también vamos a evaluar qué otras (medidas) más podemos tomar para que el juicio concluya de una vez y de manera sancionatoria”, remarcó.

RETARDACIÓN

Por décima vez, el jueves pasado, suspendieron la audiencia de este caso debido a la inasistencia del abogado defensor de los ciudadanos chinos imputados y la fiscal a cargo del caso.

Ante la retardación del caso y consultada Kempff, acerca de posibles acciones ante el Consejo de la Magistratura, señaló que esa acción será evaluada por la defensa legal de la entidad pública a cargo de los abogados Fabricio Ortiz y Nelson Quintana.

“Si el jueves vemos alguna situación anómala las autoridades del servicio jurídico departamental decidirán las medidas legales a tomar. Como Dirección de Recursos Naturales estamos enfrentado este proceso como principales interesados y queremos una sentencia”, apuntó.

Por otra parte, en recientes declaraciones la autoridad departamental afirmó la exigencia de pleno cumplimiento de la ley aplicando la tipificación de traición a la patria.

“La Gobernación, como víctima, estamos pidiendo que se cumpla la ley. Actualmente la sanción para este tipo de delitos es solamente seis años de cárcel, a pesar de que la Constitución Política del Estado (CPE) indica que los delitos contra los recursos naturales son considerados traición a la patria y tendría una pena de 30 años de cárcel”, remarcó apuntó.