Menores que cometen delitos

No se trata solo de enfrentar un problema en el hogar cuando un hijo o hija adolescente tiene que asumir las consecuencias por haber cometido un delito y ser tratado como un adulto en un proceso legal.

Se trata de una problemática porque no solo nuestro hijo o hija corre el riesgo de equivocarse y elegir el camino de la delincuencia, sino que se topa en la vida con quienes ya tienen experiencia delictiva y resulta una víctima, como consecuencia de la ausencia de Estado.

La falta de condiciones adecuadas no solo para estudiar, sino sobre todo para obtener un empleo digno y estable, que le permita a un joven poseer los elementos que requiere, como nuevas tecnologías, origina como un problema individual. Y cada joven debe enfrentarlo de acuerdo con el grado de pobreza que le tocó vivir con una familia sin buen futuro aparente. Pero lo cierto es que este problema social se acrecienta no solo porque pone en riesgo la seguridad ciudadana de otras personas, de otros jóvenes, sino porque en este ámbito los transgresores organizados debilitan los recursos de un Estado que debe pagar para mantenerlos en cárceles o centros de rehabilitación, como es el caso de Calahuma.

Pero en este proceso de madurar y de hacerse “hombres de bien”, algunos menores adolescentes no están siendo bien orientados, de forma clara y directa por parte de sus progenitores, maestros y población en general con la que conviven en las diferentes etapas de formación, porque los delitos sexuales, son los que con mayor frecuencia están ocasionando que más de cien menores en la actualidad deban enfrentar procesos penales.

Es verdad que el uso inadecuado de Internet o páginas privadas en equipos móviles ha permitido que la pornografía y los contenidos sexuales lleguen a sus mentes inmaduras, factor que hace que tomen malas decisiones, sin pensar en las consecuencias por cometer un delito.

Los datos establecen que desde el 2015 se atendieron 36 denuncias de violación, en la gestión 2016 con 57 casos, para el 2017 la cifra aumento a 112 y hasta el primer semestre de la presente gestión las denuncias llegaron a 86 casos atendidos, donde los agresores de violación, son adolescentes menores de edad.

Si bien en el caso de cometerse transgresiones por parte de menores de edad, son los padres de familia los que deben hacerse responsables, en temas de delitos sexuales, los menores de edad enfrentan procesos penales y por lo general en el caso del departamento de La Paz son remitidos al Centro de Rehabilitación de Calahuma, donde más de 200 menores que cometieron diferentes delitos, enfrentan no solo su detención preventiva, sino la posibilidad de elegir el camino de los delitos o la posibilidad de rehabilitarse por decisión y esfuerzo propio.

Ante los costos legales y la carga procesal en la que se encuentra el Ministerio Público, muchos de estos menores, permanecen recluidos sin sentencia, varios años y si cumplen más de 21 años, existe el riesgo de ser transferido de penal a uno de adultos como es el caso de San Pedro en el caso de varones y el centro de orientación de Obrajes o Miraflores en el caso de las mujeres, donde la posibilidad de rehabilitación es inexistente y los riesgos de definirse en el ámbito del delito o ser víctima de esa realidad es altamente cierto.

Es por eso que no se trata de un problema solo de las madres, sino de un conjunto de instancias que hacen que el Estado no visualice la pérdida de recursos humanos que están encaminándose en el ámbito de la formación delictiva y no productiva.