Delito sin fronteras

El delito económico y financiero implica varias modalidades, desde fraude corporativo, estafa en negocios, falsedad documentaria, robo, hurto calificado, desfalco, apropiación indebida de recursos y activos confiados en un contrato, hasta captación de capitales provenientes de fondos no sustentables.

El término “delito económico y financiero” se refiere a cualquier delito no violento que causa una pérdida financiera. Estos delitos, por lo tanto, comprenden una amplia gama de actividades ilegales, incluidos el fraude, la evasión tributaria y el blanqueo de dinero. La categoría de “delincuencia económica” es difícil de definir y su conceptualización exacta sigue siendo un reto.

En países de Europa, en Norteamérica, entre otros, dependiendo del avance económico, las estafas económicas son millonarias y en diferentes niveles. En el territorio nacional, en el último semestre de la presente gestión, los casos más sobresalientes no solo fueron las “estafas piramidales”, por las cuales la gente buscaba obtener en poco tiempo la mayor cantidad de ganancias por su capital invertido, sino que por lo general estas estafas se ubican en niveles más próximos a la población con pocos ahorros personales.

Los préstamos de dinero, anticréticos, adquisición de un bien inmueble, hasta el pago por un servicio que no se cumple, afectan a la población que decide entregar su dinero a cambio de recibir algún interés, bien o servicio, que concluye en estafa cuando el compromiso no se cumple.

Según datos de los primeros seis meses de esta gestión, se ha registrado 4.077 denuncias de estafas, de las cuales los departamentos troncales ocupan los primeros tres niveles. En Santa Cruz se atendió 1.184 denuncias, en La Paz 770, en Cochabamba 762, en Chuquisaca 313, en Potosí 299 casos y entre Beni, Oruro y Pando se llegó a 421 denuncias atendidas en instancias legales, donde las personas eligieron iniciar un proceso legal ante la pérdida de sus capitales.

Por lo general, muchas personas dan su dinero a hombres o mujeres que ofrecen un bien o un servicio, pero terminan estafadas, porque los ofertantes no suelen firmar algún documento privado y menos notariado que confirme jurídicamente la entrega de un monto económico a cambio de lo prometido. En más del 70% de los casos, las víctimas estafadas solo confiaron en la palabra de los estafadores y pocas veces cuentan con recursos, tiempo o asesoramiento legal que les favorezca en el desarrollo del proceso para la recuperación de su capital.

De 4.077 casos denunciados, solo el 2% del total de víctimas recuperará sus recursos, después de un tedioso proceso judicial. Generalmente los estafadores no solo huyen de la justicia, sino que al conocer la dilatación de los mismos, suelen salir libremente de centros penitenciarios, antes de recibir su sentencia, evadiendo toda responsabilidad por el daño generado.

Por todo ello, se recomienda asesorarse previamente en el ámbito legal antes de entregar cualquier monto económico a un pariente, amigo o persona ajena sin un documento legalmente establecido, que confirme que el dinero es a cambio de algún bien o un servicio a ser dado en un tiempo determinado.