Se hace conveniente revisar algunos pasajes precedentes al ya conocido fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en la demanda marítima, actuaciones que, a la postre, resultaron inconducentes para el éxito de la magna causa nacional. Salta a la vista la elaboración a puertas cerradas de la demanda en un estrecho círculo impenetrable de abogados de modo que a los especialistas en derecho internacional y conocedores de estas técnicas no les fue posible aportar. Es posible que sus consejos podían enmendar fallas o imprecisiones, que tarde parecen emerger.
Después del rechazo al incidente de incompetencia planteado por Chile, el Gobierno se vio invadido de optimismo. Como más de una vez nos ocurre, nos abandonamos en brazos del triunfalismo, descuidando la consolidación de lo principal, como hubiera acontecido si en lugar de festejos prematuros, nos hubiésemos valido de la réplica o de los alegatos escritos como expedientes de ajuste de los argumentos de la demanda.
El estilo controversial del Primer Mandatario salió a relucir inadecuadamente y tomando la iniciativa compitió en agravios con la cancillería del Mapocho. Si el fallo nos hubiese sido favorable, ese clima no era el más propicio y sereno para entablar negociaciones positivas. Para mayor escándalo, los apoyos explícitos e incondicionales a los críticos regímenes de Nicolás Maduro, Daniel Ortega así como a Siria, sumados a la intervención mayormente errática en el Consejo de Seguridad de la ONU -conformado por las potencias más influyentes del planeta- mediante la interpelación al presidente Donald Trump con alusiones “antiimperialistas”, no podían sino crear un clima anti diplomático. Se quiera o no, actos como éste terminan interviniendo en las decisiones internacionales cruciales.
Se ha puesto, pues. en manos de los mandatarios chilenos la afirmación de que ninguna negociación será posible con el tono cambiante del presidente Morales, alternado de controversias, seguidas de llamados al diálogo. Inclusive desde la Moneda se alude que los agravios alcanzarían al pueblo chileno, lo cual ciertamente no corresponde a la verdad.
Por otra parte, en lo interno no pueden dejar de extrañar los innumerables viajes presidenciales a La Haya, acompañado de un profuso séquito y con la asistencia de los abogados internacionales contratados. Tratándose de un tema especializado, poco o nada habría podido aportar el Primer Mandatario o cualquiera no versado en la materia. Su periplo a la Asamblea General de la ONU fue otra oportunidad para reunirse con el equipo jurídico y la concurrencia de ministros que nada tienen que ver en el caso. Está pendiente un informe de los costos que toda esta parafernalia ocasionó a la economía del país. Habida cuenta de que a la lectura del fallo de CIJ habría asistido -financiada por el Estado- una nutrida delegación, incluida la COB, Bartolinas y movimientos sociales.
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