Condenado por muerte de un niño, resultó inocente

Hasta qué extremos ha llegado la mala administración de justicia en nuestro país: un médico fue acusado por violación y muerte de un niño y fue condenado a veinte años de cárcel; no valieron declaraciones de testigos ni prueba alguna que demostraban su inocencia; pero por inquina algunos fiscales y jueces “mostraron” la urgencia de condenarlo, de hacerlo culpable de violación y muerte del menor.

Pasaron cuatro años en que el galeno sufrió prisión en la cárcel; entretanto, no valieron las apelaciones y la muestra de pruebas que certificaron su inocencia, hasta el extremo de haberse comprobado que ni siquiera estuvo en el hospital cuando el niño fue internado y atendido por personal auxiliar del nosocomio; pero nada sirvió para conmover a quienes lo mostraron como culpable y hasta llegaron al extremo de pedir que la condena de veinte años se amplíe a los treinta años.

Entretanto, mientras el galeno sufría el calvario de la prisión y comprobaba que sus verdugos no trepidarían en llegar a cualquier extremo, su madre lloraba e imploraba, se ofrecía como víctima propiciadora en lugar de su hijo, a quien consideraba un excelente médico, ya que “siendo joven aún, podía prestar grandes beneficios a muchos pacientes que confiaban en él, en su idoneidad y capacidad profesional”. Se vio a una madre dispuesta a cualquier sacrificio con tal de salvar al fruto de sus entrañas, que sufría -y con él toda su familia- por la injusticia practicada por quienes debían administrar justicia con limpieza, transparencia, equidad, ecuanimidad y con ajuste a la verdad.

Pasó el tiempo y los mismos acusadores reconocieron que el galeno era inocente, que no había cometido los delitos que se le endilgaba, que correspondía su libertad previa la revisión de la sentencia dictada por una jueza que no actuó en conciencia ni menos apegada a principios morales y de ley.

Así los hechos que son vergüenza para quienes tienen poder y no saben de administración de justicia y menos de cumplimiento de las leyes, y el caso continuó; pero la injusticia no prevaleció y fue liberado, aunque con arresto domiciliario, para que en libertad asuma su defensa. La colectividad de todo el país, conjuntamente los familiares, reclamó por el médico y por su libertad; pero lo lamentable es que “hubo sordos y ciegos de conveniencia” que no vieron inocencia ni limpieza en quien vivió, estudio y practicó su profesión de médico en servicio de una comunidad que supo confiar en él.

El corolario de todo esto es que ahora en libertad puede pedir el resarcimiento siquiera mínimo con pago de sueldos y pago de daños y perjuicios para salvar, siquiera en mínima cuantía, la injusticia cometida con él.