A 15 años de la “guerra del gas”
“La justicia no camina en este país, pero hay que insistir, todos queremos buscar la verdad”, dijo la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal
Los defensores de Derechos Humanos (DDHH), a 15 años de la masacre de octubre de 2003, consideran que aún hay temas pendientes con los familiares de los muertos y heridos en la denominada “guerra del gas” que buscan justicia.
El exdenfensor del Pueblo, Rolando Villena, indicó que las heridas siguen abiertas, pero lo que más preocupa son los familiares de los más de 60 fallecidos y 400 heridos, que siguen peregrinando por justicia y hasta la fecha no reciben el apoyo del Gobierno.
Sugirió que el Gobierno inicie una acción judicial aparte sobre el tema para solidarizarse con el pedido de las familias.
“Es un tema que hay que abordar desde un punto humanitario, las acciones judiciales tienen que hacerlo, pero muy aparte es importante la solidaridad y el Estado tiene que dar curso a una petición en apoyo a las demandas de las víctimas que ya tiene mucho tiempo, es de vital importancia”, aseveró.
Por su parte, La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, remarcó que en estos 15 años, las víctimas son “las grandes olvidadas” de la masacre de octubre porque no tienen el apoyo para avanzar en la búsqueda de justicia.
Indicó que para dar una solución verdadera a las demandas de las víctimas se debe investigar los antecedentes que dieron origen a la denominada guerra del gas.
Waldo Albarracín, exdefensor del Pueblo, también recordó la guerra del gas y afirmó que ese hecho sigue vigente en la memoria de los bolivianos.
“Hoy (ayer) se recuerdan 15 años de los luctuosos hechos de octubre de 2003 cuando más de 70 personas murieron en las calles y centenares quedaron heridas, la masacre culminó un 17 de octubre con la renuncia y fuga del presidente Sánchez de Lozada”, señaló en su cuenta de Twitter.
Esta jornada, los familiares de las víctimas y organizaciones sociales realizaron homenajes póstumos en la ciudad de El Alto.
El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, coincidió en que hay una parte no cumplida en la agenda de octubre, porque “sigue una herida abierta, dado que hay personas como Gonzalo Sánchez de Lozada que todavía no han sido encarceladas por esos hechos”.
Meses atrás, las víctimas interpusieron un juicio civil en Estados Unidos contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín por las presuntas violaciones a los derechos humanos.
La corte los halló culpables por las muertes y había determinado el pago de unos 10 millones de dólares a las víctimas, pero el fallo fue revertido.
